La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado que el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, debe ser juzgado por presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable, relacionados con la ampliación de capital de 2016 previa a la resolución de la entidad.
Desestimación del Recurso de Ángel Ron
En un auto recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta desestimaron el recurso presentado por Ron contra la decisión del juez José Luis Calama de proponer su enjuiciamiento. En marzo pasado, el juez Calama dictó dicho auto, alegando que los inversores acudieron «engañados» a la mencionada ampliación de capital.
Procesamiento de Altos Directivos y PwC
A principios de marzo, el magistrado acordó procesar a trece directivos, incluyendo a Ron y su vicepresidente, Roberto Higuera, así como a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC). Los delitos imputados son estafa a inversores y falsedad contable, cometidos durante la ampliación de capital de 2016.
Argumentos de la Defensa
La defensa de Ron apeló la decisión, argumentando que la investigación había demostrado «la ausencia de todo indicio de actuación delictiva» en la gestión del expresidente. Criticaron que la tesis incriminatoria adoptada por el juzgado ignoraba abundante prueba de descargo, como las elaboradas por peritos y funcionarios del Banco de España.
Además, el recurso acusaba al magistrado de emplear «criterios retrospectivos, oportunistas y conniventes con la inercia de un procedimiento,» obviando indicios y evidencias de descargo que respaldaban la legalidad de toda la gestión de la entidad.
Aval de la Sala de lo Penal
La Sala de lo Penal compartió los criterios y fundamentos esgrimidos por el juez Calama. En su resolución, dejan claro que, al menos de manera provisional, atribuyen responsabilidad penal a Ángel Ron por los hechos imputados.
Importancia del Rol del Presidente
Los jueces explican que el caso gira en torno a los hechos derivados de la aprobación y ejecución de la ampliación de capital del Banco Popular en 2016. Señalan que «no puede dejarse de lado ni apartarse la figura del presidente de la entidad bancaria,» ya que la operación era crucial para la operatividad y, casi, la subsistencia del banco.
En este contexto, los magistrados consideran «absurdo» pensar que el presidente del banco no tuvo una actuación «relevante, importante y decisiva». Subrayan que Ron era un presidente con funciones ejecutivas, no solo representativas, que incidía de manera incuestionable en la marcha del banco.
Relevancia del Banco Popular en 2016
En aquel tiempo, el Banco Popular era una de las principales entidades bancarias de España, con un considerable peso e influencia en la economía nacional. Por ello, una decisión de la magnitud de la ampliación de capital habría involucrado necesariamente al presidente de la entidad bancaria en cuestión.
La confirmación del juicio contra Ángel Ron y otros directivos del Banco Popular por la Audiencia Nacional representa un paso significativo en la búsqueda de responsabilidades por la crisis que llevó a la resolución de la entidad en 2016. La decisión refuerza la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en el sector bancario, especialmente en operaciones que afectan directamente a inversores y la estabilidad financiera del país.
El caso sigue siendo emblemático para el sistema judicial español, ya que aborda la responsabilidad de los altos ejecutivos en la gestión de grandes entidades financieras. A medida que avanza el proceso judicial, se espera que arroje luz sobre las prácticas que llevaron a la caída del Banco Popular y, potencialmente, establecer precedentes legales para evitar futuras irregularidades en el sector.
