El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha firmado un convenio con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) para identificar y reducir las cargas administrativas que afectan a las personas mayores, discapacitadas y pensionistas. El objetivo del convenio es establecer una colaboración entre ambas partes para proponer soluciones concretas de reducción de trámites administrativos y mejorar los servicios prestados a estos colectivos.
El convenio se basa en la elaboración de propuestas de reducción de cargas administrativas, tomando como referencia documentos como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 y el Libro Verde sobre el envejecimiento de la Comisión Europea.
La PMP se compromete a analizar y detectar las cargas administrativas que se pueden eliminar o reducir, y a diseñar propuestas para mejorar la regulación que afecta a las personas mayores, eliminando barreras burocráticas existentes.
Se llevarán a cabo iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en el marco del convenio, así como el intercambio de información entre ambas partes y la implantación de acciones de mejora de la regulación y reducción de trámites administrativos.
El Ministerio proporcionará asesoramiento y asistencia sobre simplificación y reducción de cargas administrativas, y realizará un seguimiento de los trabajos realizados por la PMP a través de reuniones periódicas. Además, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por representantes del Ministerio y de la PMP para administrar el convenio.
En resumen, el convenio busca simplificar los trámites administrativos para las personas mayores, discapacitadas y pensionistas, mejorar los servicios públicos que se les ofrecen y eliminar barreras burocráticas, mediante la colaboración entre la Plataforma de Mayores y Pensionistas y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Las tareas de las que se quejan los mayores
De esta manera algunos trámites administrativos que han traído de cabeza a los mayores contarán con la garantía jurídica de que contarán con personas físicas o procesos más simples y livianos.
Las máquinas operadoras que sustituyeron a las teleoperadoras de toda la vida son uno de los principales caballos de batalla de nuestro mayores. Estar al teléfono y tener que explicar o marcar en el teléfono la extensión con la que quieren hablar es un trámite que a nuestros mayores les cuesta y que podría verse agilizado.
Los cambios que se han dado en la atención primaria, raíz de la pandemia, como es el caso de las consultas telefónicas o pedir una cita previa con el centro de salud es otro de los problemas que se encuentran tanto los pensionistas, como los mayores, en su día a día. El hecho de controlar un teléfono móvil, o el hecho de no poder expresarse con claridad por vía telefónica les genera inseguridad.
Y por último el caso de los cajeros, que tiempo atrás ha suscitado una intensa problemática entre los bancos y el Estado. Las distintas entidades bancarias que operan en el país querían retirar personal de las oficinas y que todas las gestiones como ingreso de dinero, pago multas o la propia retirada se realizasen mediante los cajeros. Circunstancia que era adversa para los mayores, puesto que no se criaron, ni educaron en la era digital. Ante las protestas de los colectivos de personas mayores, los bancos accedieron a mantener este personal. Pero ahora, con la entrada en vigor del convenio, contarían con un respaldo legal.
