La Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament ha aprobado este miércoles un dictamen que defiende que el diputado de la CUP Pau Juvillà preserve su escaño siempre y cuando no comprometa a los funcionarios de la Cámara catalana.
El dictamen ha sido elaborado por los partidos independentistas –ERC, Junts y la CUP–, que han votado favorablemente, junto con los comuns, mientras que el PSC, Vox, Cs y PP han votado en contra.
Este dictamen, que deberá ser ratificado en pleno, llega a dos días de que se cumpla el plazo que fijó la JEC para que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ejecute la retirada del acta del diputado ‘cupaire’, y no concreta qué pretende hacer para mantenerle el escaño más allá de defender que Juvillà no concurre en las causas establecidas por el reglamento para perder su condición de diputado.
Con este dictamen, el independentismo asume que la desobediencia, en este caso por la inhabilitación de Juvillà, es una estrategia limitada cuando las decisiones que deben adoptar afectan y pueden suponer consecuencias jurídicas para los funcionarios.
Por eso, previsiblemente el diputado ‘cupaire’ acabará perdiendo el escaño cuando los funcionarios del Parlament ejecuten la orden de retirarle el acta y sustituirlo por la siguiente persona de la CUP en la lista electoral.
IGUAL QUE TORRA
De esta manera, Juvillà acabará perdiendo el escaño de la misma forma que lo perdió el expresidente de la Generalitat Quim Torra la legislatura pasada, pese a que Junts fue muy crítico con esa decisión y acusó al entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, de haber permitido que se le retirara el acta al exjefe del Ejecutivo catalán.
La actual presidenta de la Cámara, Laura Borràs, siempre había defendido públicamente que ella no permitiría que ninguna decisión judicial ni de la JEC afectara al Parlament y alterara su composición, pero todo apunta a que seguirá los mismos pasos que llevó a cabo Torrent.
«EJECUTIVIDAD INMEDIATA»
En el preámbulo del dictamen, los partidos independentistas argumentan que la sentencia de inhabilitación de Juvillà todavía no es firme y que hay un recurso pendiente de resolver en el Tribunal Supremo, pero también reconocen que el acuerdo de la JEC «al ser dictado por un órgano de naturaleza administrativa, goza de ejecutividad y de ejecutoriedad inmediatas».
Sin embargo, la parte que se ha sometido a votación recoge que el acuerdo de la JEC «no podría tampoco ser ejecutado» mientras el Supremo tenga pendiente de resolución las medidas cautelares solicitadas tanto por el Parlament como por Juvillà, que han sido admitidas a trámite.
También en el preámbulo, las tres formaciones «consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos».
NO EXPLICA CÓMO MANTENER EL ACTA
El texto aprobado también constata que Juvillà «no concurre en ninguna de las causas de pérdida de condición de diputado ni de suspensión de derechos y deberes parlamentarios» que recoge el reglamento del Parlament.
Sin embargo, en ningún apartado del texto los partidos independentistas explican cómo pretenden mantener el escaño de Juvillà, y el viernes se terminará el plazo que fijó la JEC para que Borràs ejecute la retirada del acta, mientras sigue el interrogante sobre si el diputado ‘cupaire’ la mantiene o ya no.
En el debate en la comisión, el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha criticado que los grupos independentistas estén «haciendo perder el tiempo» a los diputados con esta comisión, ya que considera que la situación conduce a la pérdida del escaño de Juvillà.
El diputado del PSC David Pérez ha sostenido que no es competencia de esta comisión pronunciarse sobre resoluciones administrativas, ha sostenido que «cualquier informe no puede ir en contra del cumplimiento de las resoluciones de la JEC», y ha criticado que no haya sido elaborado por los letrados de la Cámara.
Antonio Gallego (Vox) ha calificado de vergonzosa la propuesta de la Mesa de paralizar la actividad parlamentaria, y ha asegurado que este dictamen «no cambiará el destino del diputado condenado», tras lo que han pedido que se cumplan las sentencias judiciales y las resoluciones de la JEC.
Por su parte, la diputada del PP Lorena Roldán ha acusado a los independentistas de hacer un ‘show’ de esta situación, y considera que va a terminar igual que el caso del expresidente de la Generalitat Quim Torra, con la inhabilitación de Juvillà: «Hicieron la misma gesticulación y Torra acabó en su casa como va a hacerlo Juvillà».
LA CUP PIDE «IR MÁS ALLÁ»
Eulàlia Reguant (CUP) ha defendido que Juvillà debe mantener todos sus derechos como diputado: «Queremos dejar claro que no tiene ninguna intención de renunciar como diputado», y ha llamado a ir más allá y explorar todas las vías para garantizar la soberanía del Parlament y superar el marco establecido, en sus palabras.
Desde los comuns, David Cid ha sostenido que la JEC se «extralimita en sus funciones» pidiendo el acta de Juvillà y cree que debería mantenerlo hasta que no haya una sentencia firme, pero también ha criticado la propuesta de la Mesa de paralizar la Cámara, porque considera que no ayuda a la comprensión de la ciudadanía.
El diputado republicano Jordi Albert ha subrayado que compete a los diputados la elaboración del dictamen «y no a ningún jurista», en respuesta al PSC, y lo ha calificado de impecable formalmente y en su contenido.
Por parte de Junts, el diputado y presidente de la comisión, Jaume Alonso-Cuevillas, ha defendido que el dictamen se haya elaborado por tres grupos parlamentarios, aunque «según el reglamento ni siquiera haría falta eso», y ha asegurado que la interpretación de la JEC de la Ley electoral no se sustenta y no tiene apoyo normativo, a su juicio.
