Las entidades pertenecientes al Tercer Sector de Acción Social podrán ser consideradas oficialmente como colaboradoras de la Administración de Justicia, según prevé el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, remitido por el Gobierno esta semana al Congreso de los Diputados.
Según explica el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en una nota, el proyecto de ley establece en su disposición adicional única por vez primera un régimen de colaboración entre la Administración de Justicia y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, que les permitirá desempeñar actuaciones como las de informar, auxiliar, asistir, aportar conocimiento experto y, en general, cooperar con la Administración de Justicia en las materias propias de su ámbito, en los términos que se determine reglamentariamente.
También se dispone que podrán actuar como interlocutoras ante el departamento ministerial responsable de la Justicia a través de sus órganos de participación y consulta, en los términos previstos en la normativa que resulte de aplicación.
Además, entre estas atribuciones que se les confiere, el Cermi destaca la de colaborar con la Administración de Justicia en el diseño, desarrollo y aplicación de todo tipo de iniciativas, programas, medidas y acciones que redunden en la mejora del servicio público de la Justicia y de la percepción que la ciudadanía tiene del mismo.
Este reconocimiento a las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social como entidades colaboradoras de la Administración de Justicia fue propuesto por el Cermi al Ministerio de Justicia, en el marco de los trabajos preparatorios del proyecto de ley, que este Departamento asumió e incluyó en la iniciativa legislativa remitida el pasado martes a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
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