El Congreso cierra de momento la puerta a los plenos telemáticos

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles, con 297 votos en contra y sólo 45 a favor, más seis abstenciones, admitir a trámite una propuesta de Junts para reformar el Reglamento de la Cámara y que los plenos puedan ser telemáticos «en casos de urgente y extrema necesidad, como consecuencia de emergencia sanitaria u otras causas de naturaleza análoga», pese a que todos los grupos admitieron la necesidad de modificaciones para aprovechar las nuevas tecnologías

Votaron únicamente a favor, además del grupo proponente, los otros dos soberanistas catalanes (ERC y CUP), el vasco EH Bildu, el gallego (BNG) y los grupos regionalistas canarios (Coalición Canaria y Nueva Canarias), Compromís, Navarra Suma, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria. Es decir, los diputados que más difícil tendrían acudir a Madrid en caso de emergencia y optarían por la solución telemática. Se sumaron a ellos Más País y, curiosamente, Ciudadanos, el partido supuestamente más reacio a admitir particularismos localistas.

En contra lo hicieron los cuatro grandes grupos: PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, más el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, y, previsiblemente por error, dos diputados de ERC: Inés Granollers de forma presencial y Marta Rosique de manera telemática. Se abstuvieron los seis diputados del PNV.

Defendió la iniciativa el diputado Jaume Alonso-Cuevillas, quien justificó la propuesta de adición de un apartado cuarto al artículo 61 del Reglamento para introducir esta previsión en casos de extrema necesidad, y aseguró haber sido “muy prudente” por ceñir la posibilidad a casos como emergencias sanitarias y sin entrar en el 55, que reserva la misma para otros órganos del Congreso.

“Los ciudadanos no entenderían que no lo aprobáramos”, dejó caer, recordando el confinamiento y el teletrabajo y apuntando al ahorro económico que supondría en concepto de desplazamientos en caso de rebrote del coronavirus. Sólo bromeó con un posible reparo de los grupos parlamentarios, y previó una solución: “Si el miedo es que se aplique a (el expresidente de la Generalitat de Cataluña) el señor Puigdemont, lo ponemos de forma específica, que no se le puede aplicar”.

De paso, Alonso-Cuevillas denunció los argumentos “insostenibles” con los que la Mesa del Congreso ha impedido crear una comisión de investigación sobre el Rey emérito, como hizo ayer con los votos de PSOE, PP y Vox con sendas solicitudes que firmaron, ambas, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV y EH Bildu, y pidió reformas más amplias para flexibilizar el Reglamento.

De los grupos que intervinieron, sólo Ciudadanos avanzó su voto favorable, por boca de Miguel Gutiérrez, quien recordó su grupo solicitó los plenos telemáticos en la Junta de Portavoces una semana después de declararse el estado de alarma y que se quedaron “solos siempre”. El problema, lamentó por tanto, es “el tiempo y la ejemplaridad que hemos perdido”, y que los políticos fueron “la excepción” cuando el resto de los ciudadanos estaban confinados y teletrabajando.

Gutiérrez coincidió en que la reforma del Reglamento del Congreso “es imprescindible”, pues a su modo de ver fue pensado para el bipartidismo, y sugirió ampliarlo a otros aspectos como que el presidente del Gobierno tenga que contestar a todos los grupos cada semana, que las preguntas orales se puedan cambiar sobre la marcha, suprimir las inútiles proposiciones no de ley o que no haga falta pedir de antemano el voto telemático. Por todo ello, anunció el voto a favor a la propuesta aunque, a su juicio, Junts estaba interesado sólo en sus intereses independentistas, como financiar al propio Puigdemont con partidas presentadas como donaciones por el Covid.

LOS GRANDES EN CONTRA

En contra se pronunciaron los cuatro grandes grupos. Ana Belén Fernández Casero, del PSOE, señaló que el debate parlamentario debe ser dinámico y sin restricciones, y que en situación de emergencia deberían reforzarse estas garantías. Dijo que la no presencia limita la interacción, la flexibilidad, la comunicación no verbal y la posibilidad de acuerdos, y aseguró que, de hecho, el estado de alarma no había limitado la actividad parlamentaria, con plena participación de los grupos aunque hubiera tenido que adaptarse como otras profesiones.

“El carácter presencial viene determinado por la Constitución”, subrayó, y recordó que el Tribunal Constitucional ya lo ha exigido alegando que el sentido del voto de los grupos parlamentarios puede derivarse de la interacción directa en los debates. Terminó que sería interesante reflexionar sobre la esencia de la actividad parlamentaria para dar soluciones reales a las necesidades reales de los ciudadanos, y criticó el “parlamentarismo de argumentario único” que atribuyó a la derecha, pidiendo que dignifique la institución.

Desde el PP habló Isabel Borrego, quien, al contrario que la diputada socialista, lamentó que el Gobierno haya promovido durante el estado de alarma un “paripé” parlamentario en el que ha mercadeado concesiones y apoyos, de forma que los votos se conocen antes de los plenos, y que se haya perdido la confrontación de ideas con serenidad. Señaló que es muy importante que el Parlamento esté vivo, y ahí radica la necesidad de un trabajo presencial.

Reconoció que hace falta una modernización telemática, como la que a su juicio habría permitido una actividad plena en el estado de alarma, cuando mayor debía ser el control democrático, y atribuyó el que no se hiciera a un supuesto deseo del Gobierno de que el Parlamento funcionara “al ralentí”. También reclamó una mejora del voto telemático, pero llamó a no perder la esencia del parlamentarismo, cosa que a su juicio no garantizaba la iniciativa de Junts.

En nombre de Vox, Pablo Juan Calvo Liste comenzó a exponer el ‘no’ de su grupo llamando “partido golpista” a Junts, por lo que dijo sospechar que las verdaderas intenciones del grupo serían otras. Pero, además, aunque Vox presentó el 21 de marzo una propuesta detallada para reformar el Reglamento y habilitar los plenos telemáticos, Calvo pareció hacer una enmienda a la totalidad de la iniciativa de Junts y también de la de su propio grupo.

Dijo que el debate público exigía la presencialidad, que le parece “consustancial a la actividad parlamentaria” por las posibilidades de interacción y lenguaje no gestual que permite y porque evita la coacción en el voto y que un tercero lo deposite en lugar del diputado a distancia. Recordó que el Tribunal Constitucional ha consagrado en varias ocasiones la presencialidad y concluyó que “no caben plenos integrales telemáticos”, apuntando las distorsiones en el debate, las transacciones o el voto que podría crear un fallo técnico, y dejando caer que lo que Junts pretende con su iniciativa es que un preso o un fugado intervengan en la Cámara.

Finalmente, desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna reconoció que la pandemia había afectado al Congreso en el número de diputados presentes y órganos y temas que se podían reunir o abordar. Coincidió en que hay que pensar soluciones imaginativas para salvaguardar la actividad parlamentaria, y en que las videoconferencias podían ser una solución. “Compartimos el fondo de la iniciativa”, admitió, recordando que el 3 de abril Unidas Podemos ya registró, como Vox, una iniciativa similar a la de Junts.

Sin embargo, a diferencia de Calvo, Sánchez Serna argumentó el voto en contra de su grupo señalando que la de Junts es “un poco escasa”, pues se limita a introducir un apartado a un artículo y no incorporaba las “garantías jurídicas” necesarias, como concretar los supuestos que permitirían los plenos telemáticos, regular los modelos de debate y votación o qué ocurriría en caso de fallos técnicos. “Las necesidades de mejora de esta proposición son demasiadas”, explicó, apuntando que perfeccionarla con enmiendas sueltas desnaturalizaría la iniciativa y la haría inconexa.

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