El anteproyecto de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobado este martes por el Gobierno, prevé adaptar las declaraciones de menores con discapacidad intelectual en los procedimientos judiciales con protocolos que hagan más “amigable” el proceso y contarán con expertos.
Las declaraciones de estos menores, como niños y niñas con autismo, estarán adaptadas para resultar más “amigables” y “que puedan sentirse seguros”, según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia y del de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por tanto, estos interrogatorios o declaraciones incluirán expertos, aunque está aún por ver si serán profesionales de la administración o externos.
Además, la ley convierte en “excepcional” la declaración en juicio de los menores de catorce años o de las personas con discapacidad y establece como norma general la “práctica de la prueba preconstituida en fase de instrucción y su reproducción en el acto del juicio”.
El objetivo es evitar que el lapso entre la primera declaración y el juicio oral afecten a su testimonio o se pueda dar lugar a una “victimización secundaria”.
Todo esto se tendrá en cuenta siempre que un menor con discapacidad esté inmerso en un proceso judicial o haya sido víctima de un delito.
Asimismo, reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas menores de edad y a personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos violentos graves, con independencia de sus recursos para litigar.
La ley también obliga a que las personas que trabajen en el ámbito deportivo con niños y niñas reciban “formación específica” para atender adecuadamente “las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo”.
Esta ley, que aún está pendiente de ser tramitada en el Congreso de los Diputados, modifica a su vez una veintena de leyes, entre ellas el Código Penal para que los delitos graves contra menores no prescriban o, al menos, no empiece a contar su prescripción hasta que la víctima haya cumplido los 30 años.
También elimina la patria potestad a los agresores machistas, de forma que los hijos de padres maltratadores no puedan seguir dependiendo de ellos.
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