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Las fundaciones tutelares y Plena Inclusión denuncian que el IMV discrimina a las personas incapacitadas judicialmente

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión lamentaron este viernes que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) discrimine a las personas con discapacidad intelectual adultas con la capacidad modificada jurídicamente, al impedirles ser titulares de la prestación.

En un comunicado, afirmaron que la nueva ayuda supone “una conquista para las personas en situación de pobreza y exclusión ” y “un avance en la reducción de las desigualdades socioeconómicas que existen en España”.

Sin embargo, mostraron su preocupación, ya que señalaron que la ley “no tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pese a que estas sufren más situaciones de pobreza y vulnerabilidad y su discapacidad conlleva un elevado sobrecoste”.

Denunciaron que al impedir que las personas con la capacidad modificada jurídicamente sean titulares de la prestación, la medida ignora lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006″.

El Ingreso Mínimo Vital establece que las personas titulares de la prestación deben solicitarlo para sí mismas o para su unidad de convivencia, es decir, para las personas con las que viven. Este requisito supone ignorar la situación particular de muchas personas con discapacidad intelectual que, al no contar con apoyo familiar, lo reciben de las fundaciones tutelares a través de una tutela o curatela, explicaron. Las personas apoyadas y las fundaciones no conforman una unidad de convivencia, prosiguieron, situación que impone al colectivo “una nueva barrera de acceso al IMV y puede conllevar discriminaciones”.

MÁS PROBLEMAS

Por otro lado, La AEFT y Plena Inclusión destacaron el riesgo de la desaparición de las actuales prestaciones de hijo a cargo que, en muchos casos, constituyen el único ingreso para numerosas personas con discapacidad.

Finalmente, indicaron que el texto en el que se basa la regulación de el IMV “es complejo, remite con frecuencia a desarrollos reglamentarios posteriores e incide en importantes modificaciones de la legislación de la Seguridad Social”, que regulaba otras prestaciones, como la de hijo a cargo.

“Esto genera inseguridad jurídica, incertidumbres e imprecisiones que pueden conllevar dificultades en su aplicación e incluso la pérdida de derechos ya reconocidos para el colectivo”, concluyeron.

SERVIMEDIA