La Confederación Aspace, que aglutina a entidades especializadas en parálisis cerebral de España, apoyó este viernes la denuncia del Comite Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ante la decisión de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 de recortar la financiación a las ONG estatales de acción social en plena pandemia.
«El impacto de los recortes», sostiene Aspace, «producirá una merma en el liderazgo de las entidades estatales, que provocará pérdidas en la calidad de la atención a la discapacidad y en la defensa de los derechos de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo».
Por ello, pide al Gobierno, que niega que se vaya a producir tal recorte, a que rectifique de inmediato la decisión de disminuir el apoyo económico público al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, «en el momento en que el país y la sociedad española más necesitan a las redes solidarias como consecuencia de la pandemia».
Según informó la Plataforma del Tercer Sector, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales le ha notificado su intención de reducir sustancialmente el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF de interés social -vía principal de financiación de las organizaciones sociales altruistas de ámbito estatal- y de no dedicar, como exige su Ley reguladora de 2018, la recaudación del 0,7 % del Impuesto de Sociedades a fines exclusivamente sociales.
«Esta merma significativa en los recursos económicos de las entidades sociales estatales se produce en la mayor crisis económica y social vivida por España en su historia reciente por causa del coronavirus. Como consecuencia de esta decisión se dará un retroceso en el desarrollo de derechos y de atención a la discapacidad que la sociedad no debe permitir en un contexto de nueva normalidad», resaltó Confederación Aspace.
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