Autismo España, a favor de que no sea obligatoria la mascarilla en personas con TEA

Autismo España informó este miércoles de que está a favor de la excepcionalidad recogida por el Gobierno en una orden ministerial publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) no se vean obligadas a llevar mascarillas.

El Gobierno acaba de hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos, al aire libre o cerrados, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.

Así lo recoge el artículo 3 de la orden que publica hoy el BOE. Una circunstancia que hubiera comprometido la viabilidad de su cumplimiento, de muchas personas con TEA durante el estado de alarma debido a las especificidades propias de este trastorno, de origen neurobiológico y que afecta al sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a alteraciones en la comunicación y su comportamiento.

Por ello, Autismo España, junto al resto de organizaciones de la discapacidad, ha trabajado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para conseguir que las personas con algún tipo de discapacidad que presenten alteraciones de conducta y que hagan inviable su utilización, no tuvieran que usar mascarillas de forma obligatoria.

De esta forma, la orden ministerial recoge la excepción para aquellas “personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización”, por lo que entre estas excepcionalidades se encuentran las especificidades que puede mostrar las personas con autismo.

Autismo España aplaude esta excepcionalidad recogida por el Gobierno de España en la nueva normativa del estado de alarma, como prevención de las posibles consecuencias que podría llegar a tener el uso de mascarillas para una persona con TEA, tal y como ya está regulada de la misma forma en países como Francia, República Checa o Polonia.

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