El líder del Partido Popular, Pablo Casado, avisó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido” e indicó que su partido, “a día de hoy y con la información que tenemos”, no puede apoyar una nueva prolongación de esta situación excepcional.
“El estado de alarma ha sido necesario para evitar el colapso de las UCI”, admitió Casado en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia. Pero, “una vez que el presidente del Gobierno dice que podemos salir a tomar un vermú, consideramos que debe adaptar la normativa legal a la situación», sostuvo.
Por lo tanto, declaró que “el PP, a día de hoy y con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma» en la votación que tendrá lugar el miércoles en el Congreso. Especificó que “no apoyar significa que necesitamos saber o bien por el presidente del Gobierno o bien por el BOE” cuál es el estado de alarma que se va a plantear o qué alternativas manejan.
“Tenemos que ver hoy si hay llamada o mañana cuando se publique la resolución del Consejo de Ministros” qué contiene, señaló Casado. Por el momento, se refirió a la rueda de prensa que ofreció Sánchez el sábado y la catalogó directamente de “chantaje a los cuatro millones de españoles que están sin trabajar”.
El líder de la oposición, que hasta la fecha ha venido apoyando las sucesivas prórrogas del estado de alarma, incidió en que “eso no lo podemos tolerar”. En este sentido, fue muy explícito: “No hay nada de lo que habar hasta que mañana no veamos en el Consejo de Ministros que la limitación de los ERTE, la liquidez a las empresas o el confinamiento no se explica simplemente por un pulso con el brazo de los parados”.
Es decir, Casado sentenció que “en un país que hay 4 millones de personas que no pueden trabajar por ERTE, no puede decir el Gobierno que esa medida de apoyo dándoles una prestación del Estado se vincula a la fórmula jurídica que ellos han elegido (el estado de alarma) para la lucha contra la pandemia”.
En esta situación, dijo a Sánchez que “mañana lo que tiene que hacer es vía real decreto, que nosotros le aprobaremos, desvincular las prestaciones por ERTE, la liquidez a las empresas y o bien vincularlas al fin del plan desescalada que han presentado o bien decir que simplemente decir que tendrán lugar mientras la situación económica y social en España lo necesite”.
«CHANTAJE»
“¡Estamos diciendo que no vincule el estado de alarma a las ayudas a millones de españoles que las necesitan!”, enfatizó el líder de la oposición, y aseguró que “él sabe que no tiene por qué vincularlo”. De esta forma, rechazó en todo momento ese “chantaje” de “tomar a los españoles en paro como rehenes”. Es más, afirmó que esto es «inmoral».
Si se produjera esta rectificación por parte del Ejecutivo, “entonces nosotros podremos ver qué tipo de medida legal se necesita para la desescalada”, dado que “en la desescalada no hace falta ya un estado de alarma” en tanto que “están diciendo que están diciendo que quieren llegar a una nueva normalidad”.
Por ende, se preguntó “por qué tenemos que estar limitando los derechos y libertades de los españoles”. “En esa desescalada lo que tendrán que hacer es ver si el mando único sanitario en base a la ley de 1986, aprobada por Felipe González, se puede mantener con una buena coordinación con las comunidades autónomas”, recalcó.
“A través de la ley de protección civil podremos ver si hay que limitar entre provincias la movilidad de los españoles o a través de la ley de seguridad nacional, incluso si la quieren enmendar puesto que esta ley no admite tampoco conculcación de derechos fundamentales, pues podremos ver hasta qué punto se pueden limitar o escalonar las salidas de los españoles de su casa”, ejemplificó.
Tras aludir a estas alternativas, se reafirmó en que “no puede ser que Sánchez utilice un estado de alarma para modificar el CNI, para contrarreformar ley educativa, para impulsar la ley de la eutanasia, para modificar los plazos de instrucción judicial y ya de paso modificar una ley orgánica ya no por real decreto”, sino órdenes ministeriales.
«DEGRADACIÓN»
A su juicio, esta forma de proceder implica “una degradación de nuestro sistema democrático que no se puede permitir”. “Insisto, es el Gobierno el que nos tiene que explicar sin chantajes, sin pulsos con el brazo de los pensionistas o de los parados qué es lo que quiere hacer y con qué fórmulas jurídicas pretende hacerlo”, añadió.
Volvió así a dirigirse a Sánchez para decirle que “la legislación básica tiene varias” fórmulas “sin tener que acudir a la excepcionalidad constitucional de un estado de alarma”. Dicho esto, exigió más coordinación con los ayuntamientos y las comunidades porque “no tiene sentido que en municipios en los que no ha habido ningún contagio o que son muy pequeños tengamos completamente paralizada la actividad económica”.
Reclamó que en “el plan B de verdad tengamos las prestaciones por ERTE y la liquidez desde mañana mismo en el Consejo de Ministros desvinculadas del estado de alarma y garantizadas” y, en materia de test y de protección sanitaria, “que nos dejen de mentir y que garanticen millones de esas pruebas a todo el mundo que las necesite” en base un mapa de seroprevalencia.
Como “estamos en la desescalada” para “la nueva normalidad” a la que alude el Gobierno, Casado abundó en que “no parece lógico” utilizar una “excepcionalidad constitucional” como el estado de alarma “dos meses después habiendo tenido todo ese poder”. “Ya no tiene sentido”, valoró, y aseguró que podrá detallar su “posición en firme” tras ver lo que aprueba el Consejo de Ministros mañana o cuando se lo explique Sánchez si es que “tiene a bien llamarnos”.
“Si nos piden tiempo para una desescalada jurídica, será de lo que se pueda hablar”, prometió, remitiéndose en todo caso a la legislación ordinaria con la que “poder seguir velando por la salud pública y por la economía” de los españoles. Denunció que “la eficacia” del Gobierno a la hora de gestionar la crisis “ha brillado por su ausencia”.
Finalmente, urgió a Sánchez a “abandonar la soberbia” y dejar de “intentar culpabilizar a la oposición o a los propios españoles de sus errores”. Pese a realizar estas denuncias y opinar que existen otros instrumentos legales para encarar esta nueva fase, Casado se mostró esperanzado en que la comisión parlamentaria para la reconstrucción se constituya esta misma semana para abordar a “medio plazo” los retos que tiene España.
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