La medida del fondo anunciado por Pedro Sánchez de 16.000 millones de euros «no reembolsables» para las comunidades autónomas despertó este domingo dudas entre los presidentes autonómicos tras los “nulos” detalles que les facilitó el jefe del Ejecutivo en la reunión semanal.
Varias fuentes consultadas por Servimedia entre presidentes de todos los colores políticos coincidieron al señalar que Sánchez se centró en trasladarles lo que había avanzado en su comparecencia semanal del sábado y que no profundizó en el plan que tanto demandaban desde los territorios.
El “problema” de ese fondo es que “no sabemos cómo se va a repartir ni con qué criterios. Ayer Sánchez dijo en rueda de prensa que hoy lo aclararía, pero no ha dicho nada”, resume una fuente desde la premisa que comparten bastantes autonomías. «Nadie sabe qué fondo es. Si es financiación ordinaria pendiente o es nueva financiación», denuncian fuentes presentes en la reunión autonómica.
Otras fuentes consultadas confirman que Sánchez contó “lo de ayer”, aunque precisan que “mañana habrá más” en una reunión con las ministras de Hacienda y Política Territorial, María Jesús Montero y Carolina Darias, que profundizarán en las medidas. Por el momento, asistentes a esta reunión lamentan «no conocer la letra pequeña”.
En este sentido, mandatarios autonómicos del PP aprovecharon para pedir que el reparto de los 16.000 millones se haga con “criterios objetivos, transparentes y equitativos”, al tiempo que demandaron “certidumbre” y “despejar dudas” con las fases de la desescalada.
En su intervención inicial, el presidente del Gobierno trasladó a los mandatarios regionales que se trata de un “fondo no reembolsable” que estará constituido “en tres tramos”: uno primero de 6.000 millones de euros y dos tramos de hasta un máximo de 5.000 millones de euros, cada uno, en la segunda mitad del año.
En total, Sánchez informó de que esos 16.000 millones de euros, según fuentes consultadas por Servimedia presentes en la reunión, cubrirían un impacto de 10.000 millones de euros de gasto sanitario, 1.000 millones de euros en gasto social y una disminución de los ingresos de las comunidades de aproximadamente 5.000 millones de euros por la actividad económica.
Ante los que critican que el presidente no ofreció detalles, desde otras comunidades se agarran a este desglose y a que confirmó que sería “financianciación nueva”, trasladaron a Servimedia desde la Presidencia de varias comunidades.
Además, el presidente confirmó que el Gobierno va a asumir el coste de la pandemia y que, por eso, en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se va asignar un objetivo de estabilidad individual equivalente a un déficit del 0,2% del PIB, que estiman en La Moncloa en torno a los 2.200 millones de euros.
En rueda de prensa posterior la conferencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó la buena acogida del nuevo fondo entre los territorios y comentó incluso la “cierta incredulidad” en algunos presidentes porque este apoyo era independiente a “todos los recursos” que ya se han ido trasladado a las comunidades autónomas.
Además, Montero detalló que esa cifra de 16.000 millones se ha calculado a partir de las previsiones que se pidió a cada gobierno regional tiempo atrás sobre la disminución de sus ingresos en este periodo y el incremento de sus gastos.
FALTA DE INFORMACIÓN
En esta octava conferencia, el presidente respondió de manera individual a cada uno de los cinco primeros presidentes autonómicos (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Cantabria) después de la intervención de cada uno de ellos, lo que despertó cierto malestar entre algunos de los mandatarios restantes.
Además, despertó algunos comentarios críticos por la escasez del fondo de reconstrucción porque lo consideran “insuficiente” varias comunidades autónomas.
Regiones como el País Vasco, Cataluña y Galicia también trasladaron su crítica a la continuidad del estado de alarma. En este sentido, Sánchez les aseguró que será mientras dure el plan de desescalada.
Una vez más, se le afeó al jefe del Ejecutivo falta de comunicación y que los presidentes conocieran del fondo y de nuevas medidas en la comparecencia pública y no por una interlocución previa con las comunidades autónomas, aspecto en el que coincidieron también comunidades socialistas.
FIN DEL ESTADO DE ALARMA
El lehendakari, Iñigo Urkullu, trasladó a Sánchez que es “necesario” recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y también el retorno paulatino a la normalidad institucional. De esta forma, reafirmó que no comparte “el modo de gestionar el estado de alarma y el mando único”.
En una línea similar, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pidió el fin del estado de alarma o, en su defecto, que Cataluña quede excluida de esta situación. “Me sorprende que hablamos de cooperación, cogovernanza y diálogo y no podamos tener una simple conversación», según trasladan fuentes de la Generalitat.
En su intervención, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó ante el jefe del Ejecutivo el “uso desproporcionado” que, a su juicio, se está dando del estado de alarma y defendió que hay legislación ordinaria para actuar en esta situación. En la octava conferencia de presidentes, según trasladaron a Servimedia fuentes de la Xunta, Feijóo se refirió al “estado de cogobernanza” al que aludió Sánchez y le recordó que hasta el momento no se ha producido.
Entre otras cuestiones, Feijóo lamentó que no se conozcan criterios sanitarios para delimitar en qué fases de la desescaldada se encuentra cada territorio, además de insistir en que el ámbito debería ser el de las áreas sanitarias y no el provincial. Eso sí, consideró una buena noticia el fondo de 16.000 millones no reembolsables para las comunidades, aunque solicitó más información al respecto y, según las citadas fuentes, no obtuvo la aclaración sobre cuáles serán los criterios de reparto.
“CERTEZAS”
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exigió a Sánchez «claridad, previsión y certezas para todos los andaluces». «Nuestra mano sigue tendida para generar certidumbre en esta nueva etapa de desconfinamiento progresivo entre todas las administraciones», aseguró, al tiempo que consideró que “lo razonable” si se miran las actuales cifras “sería que a finales de mes de mayo o a principios de junio ya el estado de alarma no estuviera”.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, apostó por protocolos “más estrictos” para evitar concentraciones, campañas de concienciación sobre protección individual y medidas específicas para los mayores o pacientes oncológicos o inmunodeprimidos. También reclamó ser más estrictos a la hora del uso de mascarillas en los espacios públicos para evitar los contagios.
Del mismo modo, pidió a Sánchez una mesa bilateral para tratar todos estos asuntos y trasladar las videoconferencias de presidentes a los sábados para que las autonomías puedan “aportar con sus sugerencias y opiniones”. “En muchas ocasiones todos los avances que se van produciendo por parte del Gobierno los conocemos por los medios y normalmente se nos dan hechos”, denunció.
“O CONMIGO O CONTRA MÍ”
Tras la octava videoconferencia con Sánchez, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avisó de que el estado de alarma no puede plantearse como “o todos conmigo o todos contra mí” y recalcó que el apoyo no debe considerarse como un cheque en blanco. A su juicio, Sánchez “lo está poniendo muy difícil”.
En su caso, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, subrayó que “Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos debemos poner en marcha el proceso de desescalada de forma coordinada y con una hoja de ruta clara”. Así se lo reclamó hoy al presidente del Gobierno, al considerar que las comunidades autónomas deben “tener voz y capacidad de actuar”.
Desde las autonomías gobernadas por el PP volvieron a quejarse de la falta de concreción de las medidas, en este caso del fondo de 16.000 millones anunciado, y que sigue despertándoles muchas dudas sobre cómo se ejecutará. Criticaron de nuevo las formas del jefe del Ejecutivo y que tengan que enterarse siempre por la prensa de sus intenciones.
Según algunos asistentes a esta conferencia, Sánchez “no ha añadido más información” y es preocupante que “se vaya cambiando de criterio continuamente” y que se siga informando en rueda de prensa de las cuestiones que conciernen directamente a las regiones sin habérselo comunicado previamente.
ENFADO
Varios presidentes autonómicos del PP no escondieron su “enfado” por el hecho de que Sánchez “no les conteste nunca” o directamente que no se dirija a ellos en este foro. Es más, en palabras de uno de los asistentes, “la cosa se le está poniendo cada vez más fea” con la actitud que mantiene a pesar de las numerosas llamadas de atención.
Por su parte, Francina Armengol pidió un trato diferenciado para territorios como las Islas Baleares, donde el peso del sector servicios y del turismo es enorme. También solicitó que los ERTE por fuerza mayor se alarguen hasta octubre y se flexibilicen cuando pasen a ser por motivos productivos.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo que la suya es la comunidad más afectada en lo económico y social por la emergencia sanitaria y por ello consideró que debería acceder a más recursos públicos del Estado para esa reactivación crucial, lo que implica, según explicó, que las Islas debe disponer de más fondos por estar “más dañadas en lo económico”.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, pidió tener en cuenta los criterios de la España más despoblada y que algunas zonas singularizadas de esta región entren ya en la ‘fase 2’ de la desascalada, basándose en criterios demográficos y de incidencia del virus.
AYUDAS AUTÓNOMOS
El presidente el Principado de Asturias, Adrián Barbón, defendió la continuidad del estado de alarma es necesaria porque “las comunidades no tenemos capacidad para limitar la movilidad entre provincias y si vienen a Asturias personas de lugares donde hay más incidencia del coronavirus, eso pondría en riesgo nuestra estabilidad”. Igualmente, planteó que continúen las ayudas a los autónomos y que se anticipe la apertura de todos los centros de investigación e innovación”.
En el caso de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page dijo este domingo que “convendría” conocer las decisiones que adopta el Gobierno con “algo de anticipación”, por aquello de “aportar ideas” que pueden “hasta ayudar al Gobierno”. En su intervención, trasladó que no comparte el criterio de la provincia como regla de medida en la desescalada. Pero entendió, “sin querer polemizar”, que “algún criterio hay que elegir” y apostó por el área de salud.
Desde Extremadura, el presidente Guillermo Fernández-Vara defendió el diálogo permanente entre las regiones y el Ministerio de Sanidad para salir del confinamiento y alabó la cogobernanza para llevar a cabo la desescalada. Prometió trabajar para que Badajoz y Cáceres avancen de la mano en este proceso y recalcó que el reparto de la carga en la recuperación económica ha de ser proporcional a la fortaleza de cada uno. “No podemos dejar caer a nadie”, subrayó.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pidió al Gobierno la puesta en marcha de medidas para impulsar sectores económicos fundamentales para esta región, como el turístico y el de la movilidad. En este sentido, planteó la necesidad de aprobar un plan específico integral para el turismo y actuaciones extraordinarias para la renovación tecnológica y ecológica del parque automovilístico. También se congratuló por lograrse las reivindicaciones de liquidez y de un fondo extraordinario para las comunidades y solicitó que el reparto de recursos sea por población.
ERTE
Del mismo modo, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, solicitó que los fondos destinados a Salud “se repartan en función de la incidencia de la pandemia en cada comunidad”. Otra de las consideraciones que la presidenta trasladó a Sánchez esta mañana fue “la posibilidad de ERTE de fuerza mayor ampliables condicionados a incentivos de contratación”.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, consideró «positivo pero insuficiente» el fondo adicional no reembolsable de 16.000 millones de euros anunciado por Sánchez, por lo que aprovechó para reivindicar un reparto basado en la Ley de Financiación Autonómica, acorde al coste real de los servicios públicos y a factores como la orografía o el envejecimiento demográfico.
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