Quantcast

Plena Inclusión pide financiación para proteger a las 17.000 personas con discapacidad intelectual que viven en sus residencias y a sus trabajadores

Plena Inclusión y su patronal Aedis exigieron este martes a las comunidades autónomas reconocer los servicios de apoyo en Centros Ocupacionales, Centros de Día y de Atención Temprana como «servicios esenciales», para garantizarles así la financiación y la seguridad jurídica que precisan.

Según estima la confederación, el gasto total para proteger a las 17.000 personas con discapacidad intelectual que viven en sus casi 1.000 centros residenciales y a sus 4250 trabajadores asciende a 416.500 euros a la semana.

El gasto diario supone 2,80 euros al día por equipo y, si se multiplica por todos los usuarios y profesionales de estos centros, arroja un total de 59.500 euros diarios, según explicó la entidad en un comunicado.

Indico que desde el inicio del confinamiento, 140 personas con discapacidad intelectual han fallecido víctimas de la enfermedad y 1.828 han resultado contagiadas en los centros residenciales de Plena Inclusión.

Su presidente, Santiago López, pidió «ayuda urgente a las administraciones públicas para comprar EPI (mascarillas, batas, calzas, gorros, guantes y gel hidroalcohólico), con los que prevenir más contagios. También reclamó «directrices claras» al Gobierno central en este sentido.

Por otro lado, Aedis mostró su preocupación ante la decisión de algunas comunidades autónomas de suspender los contratos con servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

Gracias a dichos contratos, los centros conveniados ofrecen apoyo telemático y asistencia de urgencia, al tiempo que colaboran en las medidas de lucha contra el Covid 19 desde el principio de la crisis sanitaria y «resulta vital que lo sigan haciendo».

Según Aedis y Plena Inclusión, «se trata de servicios esenciales que proporcionan recursos sociales, emocionales y de hábitos saludables a un colectivo con especiales dificultades».

Por ello, reclamaron a las administraciones públicas que «no dejen en situación de abandono e inseguridad jurídica a entidades sociales que hacen una contribución esencial para las vidas de cientos de personas en situación de gran vulnerabilidad”». Pidieron «seguir el ejemplo del ámbito educativo», donde los convenios con los centros no se han resuelto.

SERVIMEDIA