El presidente del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, Danlami Basharu, y la enviada especial del secretario general de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas, exigieron a todos los Estados que las medidas que adopten para responder al Covid-19 garanticen «la inclusión y la participación efectiva de las personas con discapacidad».
En una declaración conjunta, reclamaron a los Gobiernos «tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud y proporcionarles el mismo rango, calidad y nivel de atención médica que se brinda al resto de la población, incluidos los servicios de salud mental».
«Los Estados también deben continuar procurando a estas personas los servicios sanitarios que requieren de forma específica», prosigue el texto, así como evitar «la denegación discriminatoria por razón de discapacidad de atención médica, alimentos o líquidos».
Asimismo, instaron a todos los Estados a asegurar que las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, sean consultadas e involucradas activamente en la planificación, puesta en marcha y monitoreo de las medidas de prevención y contención del coronavirus.
También pidieron «salvaguardar la provisión de alimentos, medicamentos y otros suministros para personas con discapacidad en situaciones de aislamiento y cuarentena», así como garantizar la continuidad de los servicios de asistencia domiciliaria y de rehabilitación cuando sean necesarios.
Finalmente, reclamaron que toda la información relativa a la pandemia sea accesible a todas las personas con discapacidad y que, en los planes de apoyo social, se tenga en cuenta las situaciones de pobreza y de mayor vulnerabilidad de algunas de ellas.
En conclusión, pidieron a todos los Estados actuar de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030, que entre otros puntos, apuesta por garantizar el acceso universal a la salud y la no discriminación por razón de discapacidad. Según dicho texto, los países han de promover la desinstitucionalización de las personas con discapacidad que viven en residencias, geriátricos u hospitales psiquiátricos.
«La pandemia de Covid-19 ya ha afectado a hogares de personas mayores, psiquiátricos y otros centros de internamiento, donde existen mayores riesgos para las personas con discapacidad que se encuentran institucionalizadas», destacaron.
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