El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, se mostró este jueves «muy preocupado» por el «creciente peligro» de que los servicios de apoyo esenciales para las personas con discapacidad se vean interumpidos por la crisis del coronavirus.
Así lo manifestó en su carta de respuesta al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), donde lamentó que «en todas partes en Europa, los proveedores de dichos servicios de apoyo y los trabajadores sociales están informando sobre problemas graves que ponen en peligro su continuidad» por las crecientes bajas médicas, las medidas de confinamiento y la escasez general de equipos protectores. «Todo esto coloca a los profesionales del sector y a las personas con discapacidad en situación de riesgo», agregó.
Por ello, Mijatović instó a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para atender estos problemas, incluyendo si es necesario «decisiones extraordinarias tales como flexibilizar los procedimientos de contratación».
También recomendó dar prioridad a los servicios esenciales; proporcionar ayuda financiera a las personas con discapacidad para sufragar gastos adicionales causados por esta situación, e incluir a quienes ofrecen asistencia personal a las personas con discapacidad dentro de la planificación de emergencia pública respecto al suministro de equipos de protección y formación. En su carta, Mijatović recordó a los Estados que «las personas con discapacidad no deben quedarse atrás en la respuesta a la emergencia».
«La mayoría de los países han impuesto con razón medidas de distanciamiento social para reducir la expansión del virus», admitió, pero «no han estado atentos a las circunstancias específicas y necesidades de las personas con discapacidad». Como ejemplo, explicó que el distanciamiento social y el aislamiento «pueden ser imposibles para quienes dependen del apoyo de otras personas para comer, vestirse o asearse».
Además, manifestó su preocupación por las personas que viven en grandes residencias o centros institucionales, incluidos hospitales psiquiátricos. «A corto plazo, la máxima prioridad de los Estados debe ser reducir los riesgos, lo que incluye el cese de nuevas admisiones, el traslado del mayor número posible de personas con discapacidad a lugares fuera de las instituciones y la adopción de todas las precauciones necesarias para proteger a sus residentes», indicó.
Señaló que las medidas de confinamiento traerán de forma inevitable un mayor aislamiento de las personas con discapacidad y un gran sacrificio del personal que en muchos países ya está confinado en las propias residencias. «Este aislamiento debe mitigarse lo máximo posible, por ejemplo incrementando el uso de medios de comunicación electrónica», reclamó.
Por último, instó a garantizar que no habrá discriminación en el acceso a la atención sanitaria por motivo de discapacidad a causa del colapso del sistema y exigió información accesible y adaptada sobre todas las medidas que se tomen durante esta crisis.
SERVIMEDIA
