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La intendente Laplana asegura que Jordi Sànchez “podía decir misa” el 20-S pero no condicionaba la actuación de los Mossos

La intendente de los Mossos d´Esquadra, Teresa Laplana -juzgada por un delito de desobediencia en el juicio que sigue la Audiencia Nacional contra la cúpula del cuerpo autonómico- declaró este miércoles que el expresidente de ANC Jordi Sànchez sólo tuvo una labor de mediación durante el asedio de la consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y afirmó tajante que “podía decir misa”, pero no tenía ninguna capacidad para influir en las decisiones de los agentes.

El fiscal Pedro Rubira trató de encontrar contradicciones entre la declaración de la intendente a lo largo de la instrucción y su declaración de hoy. Su relevancia en este juicio es menor. Sólo está acusada de desobediencia y la Fiscalía pide para ella cuatro años de cárcel, mientras que para el exmayor Josep Lluís Trapero pide 11 años por rebelión, la misma pena que reclama para los dos responsables políticos del cuerpo en esas fechas.

Ya al final de su declaración y en respuesta a su abogada, Olga Tubau, la misma de Trapero, la intendente fue tajante en relación a Jordi Sànchez: ”Había venido con la única atribución de colaborar en la formación de un pasillo de voluntarios. Él podía decir misa sobre cómo tenían que entrar los voluntarios. No tenía ninguna capacidad para condicionar ninguna actuación, su capacidad de influencia era totalmente nula; él no es quien para entrometerse en las decisiones de la Policía”.

En su declaración, Trapero la eximió de responsabilidad sobre lo ocurrido ese día y justificó su actuación en el hecho de que la intendente no podía dar órdenes a los mandos encargados del orden público. Ella confirmó esta circunstancia al inicio de su declaración.

Hora y media antes, el fiscal Rubira la interrogó sobre todo lo sucedido en Economía el día 20 de septiembre. Relató que en esos días estaba de baja médica por vértigos pero “el 20-S recibo la llamada del sargento jefe de turno informando del registro en la Conselleria de Economía”. “Le dije que informara a los mandos y que se personaran allí. Yo estaba en casa, no me encontraba bien. Hice varias gestiones con los responsables de mi comisaría, asegurando que todos estaban informados y que se cumplían las instrucciones. Seguí en casa”, indicó.

“Al cabo de un rato”, siguió relatando, “volví a recibir una llamada del sargento que no podía ir a Economía”. “Yo no tenía más mandos y sabía que había varias actuaciones en marcha. Consideré que era mi responsabilidad, a pesar de lo mal que me encontraba, acudir allí. No esperaba que las diligencias duraran tantas horas”.

El conductor que la llevó la tuvo que dejar a unos metros de la puerta y en ese momento, la intendente calculó que habría unas “700 personas” y que la afluencia de manifestantes “era imparable”. El fiscal puso de relieve que en sus primeras declaraciones durante la instrucción dijo que habría unas 300 personas. “No soy experta en contar. Por la situación de la Rambla y lo llena que estaba y la gente que iba llegando”, explicó.

A instancias del fiscal, Laplana dijo que había gente de todo tipo, mayor por la hora, y en actitud muy reivindicativa. “No era gente de un perfil radical en esos momentos”, comentó. Cuando recibió la petición de hacer un perímetro de seguridad, respondió que “atendiendo al número de personas y su actitud reivindicativa no parecía posible ni aconsejable hacer el perímetro de seguridad” que podría desencadenar “una reacción de los concentrados en forma de resistencia pasiva que podía haber provocado unos desórdenes públicos no deseados”.

A primera hora de la mañana, Laplana desconocía el motivo por el que se estaban registrando las dependencias de Economía hasta que se le informó de que la Guardia Civil había detenido a tres personas en relación al referéndum ilegal.

Tampoco sabía en ese momento que había armas en los vehículos de la Guardia Civil aparcados en las inmediaciones de la consellería. De eso se enteró a las 14.15 horas. Laplana convocó una reunión y pidió que les prestaran una sala en la primera planta para no hablar con la comitiva judicial en el hall.

El teniente de la Guardia Civil le pidió en ese momento que Xavier Vidal, ‘número dos’ de Sànchez en la ANC e interlocutor de la organización en ese momento, no entrase en la sala. Fue entonces cuando le contaron que había armas largas en los vehículos. Después entró Vidal, pero a él no le dijeron nada de las armas.

Explicó también que los agentes de mediación del cuerpo de Mossos intentaron que la gente se bajara de los coches de la Guardia Civil para intentar aislarlos e incluso trasladarlos al aparcamiento de la consellería, pero no lo lograron porque los coches ya habían quedado sitiados por los manifestantes.

La intendente aseguró a preguntas del fiscal que fue el propio Trapero quien “me llamó para decirme que vendría Sànchez a Economía y que le atendiese porque se había ofrecido para formar un cordón”.

Aparte de la petición de un cordón para el paso de los detenidos hubo dos peticiones más: que el cordón policial se conservara mientras los detenidos estaban en esas dependencias y que se aislara a los vehículos de la Guardia Civil que estaban sitiados por la masa. Laplana habló con Sánchez en tres ocasiones, todas ellas a petición de sus mandos para buscar una solución y llevar los vehículos al interior del edificio.

Con los vehículos no se pudo hacer nada y en cuanto al pasillo de voluntarios, la intendente llamó a Sànchez para pedirle que lo alargara. El presidente de la ANC le preguntó que hasta qué hora tenían que mantener ese dispositivo, pero ella no le pudo dar una orientación porque no sabía cuánto tiempo tardaría la comisión judicial en terminar y entonces Sánchez le respondió que no podía mantenerlo.

Laplana relató también un enfrentamiento con Sànchez que en un momento de la jornada le reprochó enfadado que estuvieran llegando efectivos de antidisturbios, a lo que la intendente le respondió que no tenía obligación de darle explicaciones.

“Sobre las 20.45 horas soy conocedora -no por parte del centro de coordinación operativa- de que la Brimo (Antidisturbios) ha intentado hacer este pasillo policial y se ha encontrado con una fuerte resistencia por parte de los concentrados”, explicó la acusada. Después es el comisario Molinero el que le informa de que efectivos de orden público crearían un espacio de seguridad con el pasillo de voluntarios y la comitiva judicial saldría acompañada de agentes de paisano. A las 22.00 horas fue relevada.

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