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Evangélicos dicen que los argumentos del Gobierno contra el ‘pin parental’ son contrarios a la Convención de los Derechos del Niño

La entidad protestante Alianza Evangélica Española asegura que en la polémica del ‘pin parental’ “el Gobierno pone las libertades en riesgo”, ya que “señala que defiende la aplicación de tratados internacionales suscritos por España como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, cuando dicen todo lo contrario”.

Así lo aseguró este miércoles en una nota en la que remitió al texto de la Convención de los Derechos del Niño, que dice en su artículo 18.1 que “los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”.

La alianza también apuntó a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 26.3 que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” y que en el artículo 2 del Protocolo Adicional de la Convención Europea de Derechos Humanos reclama que “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”.

En sus argumentos, los protestantes también añaden que la Resolución 2163 (2017) del Consejo de Europa en su apartado 5.4 reclama “garantizar opciones fáciles de aplicar para que los niños o los padres obtengan exenciones de los programas estatales obligatorios de educación religiosa que estén en conflicto con sus profundas creencias morales o religiosas”.

Finalmente, el artículo 27.3 de la Constitución dice que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

CESIONES A IDEOLOGÍA LGTBI

Pedro Tarquis, portavoz de la junta directiva de Alianza Evangélica Española, entiende que en el debate surgido en torno al ‘pin parental’ se identifican “tendencias totalitarias y manipulaciones” y que el “meollo” está en que en algunas de las actividades educativas, “que se presentan como promotoras del reconocimiento a la diversidad o inclusividad, se está cediendo a impartir la ideología de los colectivos del lobby Lgtbi”.

“Estamos en contra de que se esté imponiendo a nuestros hijos un código de valores cargado de ideología, que no permite la discrepancia, y que presenta como verdades absolutas dogmas ideológicos, algo así como una ‘religión laica’”, denuncian los protestantes que critican que el Gobierno “amenaza” los límites del poder del Estado, los derechos y responsabilidades de la sociedad civil y de la familia y la objeción de conciencia.

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