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El Gobierno condiciona la reforma del Código Penal a la mayoría que consiga en el Congreso

El Gobierno condicionó este martes el contenido de una reforma del Código Penal en esta nueva legislatura a la “mayoría suficiente” que logre durante el trámite parlamentario en el Congreso, sin descartar la promesa electoral de Pedro Sánchez de tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal y sin concretar qué defenderá para reformar los delitos de sedición y rebelión.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, explicó en la rueda posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo se abre a estudiar cualquier reforma sobre el Código Penal en cualquier dirección.

Montero aseguró que “se va a abrir en el Congreso un periodo de revisión y reforma del Código Penal y eso va a abarcar diferentes materias en el calendario”, porque ni siquiera en el seno del Ejecutivo hay acuerdo sobre cómo modificarlo, más allá de la posición común sobre el consentimiento de las mujeres para las relaciones sexuales.

Así, Montero explicó que el Gobierno no impulsará una reforma porque no hay “unidad” de acción y que en el acuerdo de gobierno con Podemos no figura expresamente por dónde se reformaría el Código Penal ya que ambos partidos tienen distintos pareceres.

En 2018, Sánchez apostó por reformar el Código Penal y “adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI” en un momento álgido del independentismo catalán y semanas antes de ser presidente por la moción de censura. Ahora, en la pasada campaña defendió revisar el delito de sedición para adecuarlo a la realidad.

VASOS COMUNICANTES

El Gobierno entiende que estos delitos -sedición y rebelión- son “vasos vinculantes” de manera que, si se apuesta por modificar uno, ya sea para endurecer o suavizar la tipificación vigente, se cambia el siguiente.

Conscientes de que en este asunto hay diferencias entre PSOE y Podemos, Montero admitió que esta cuestión ni se trató en la negociación para la coalición y, por tanto, no se plasmó en el acuerdo y no hay un “compromiso de unidad”. Así, mientras no exista esa acción conjunta, el debate en el Congreso nacerá por iniciativas de los partidos y no del Ejecutivo.

En ese caso, la portavoz explicó que el Gobierno mantendrá una “actitud de escucha y diálogo” con el “afán de concitar máximo consenso y abiertos a las cuestiones que se planteen” porque son conscientes de la importancia de esta ley orgánica y de que deben buscar incluso la complicidad con el Partido Popular que, hoy sigue siendo la alternativa con opciones de gobernar.

Para acometer una “reforma de calado” en el Ejecutivo serán “posibilistas” y trabajarán por aquellas modificaciones que permitan una mayoría sólida en el Congreso, conscientes de la necesidad de pactos que obligarán al entendimiento con muchos partidos.

En este contexto, Montero explicó que Sánchez no renuncia a sus posiciones, ni siquiera a las que defendió en la pasada campaña electoral cuando en el debate electoral se comprometió a cambiar el Código Penal para volver a incluir el delito de referéndum ilegal.

Además de la reforma para la garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en la calificación de los delitos sexuales, de manera que “sólo sí es sí”; en el programa del PSOE a las elecciones del 10-N sólo figura la reforma del Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo y su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso público.

El jefe del Ejecutivo abrió esta cuestión de reformar la legislación penal cuando, en la entrevista de Televisión Española, se abrió a reformar el Código Penal. Preguntado por una futura reforma para reducir la pena por el delito de sedición, se ciñó a que hay que ir “paso a paso” pero que es “evidente” que la crisis política con Cataluña “ha mostrado algo y es que tenemos un código que no corresponde con la época que nos ha tocado vivir en España”. Este será, dijo, “un debate que se tenga que abrir en el Congreso”.

El Gobierno en su conjunto, salvo que se produzca una unión de criterio que actualmente no existe, no enarbolará esta batalla y se la dejará a los grupos parlamentarios en las Cortes.

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