El Consejo de Ministros acordó este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra un precepto de la ley canaria de calidad alimentaria y desistió hacer lo mismo en el caso de otra valenciana al haber alcanzado un acuerdo con la Generalitat del socialista Ximo Puig para evitar la creación de policías locales en mancomunidades de la región.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre estas dos decisiones en materia de conflictos judiciales con otras administraciones públicas, y que supone una actuación dispar respecto al propósito de desjudicializar la política y solucionar este tipo de problemas a través del diálogo.
De hecho, Montero destacó que la retirada del recurso contemplado contra la Generalitat Valenciana por el propósito de crear policías locales en mancomunidades de esta región ha sido posible gracias a un acuerdo alcanzado en la “comisión bilateral” entre el Estado y esta autonomía.
“Este es el camino que este Gobierno quiere seguir, que en el marco bilateral podamos tener reuniones que nos permitan no tener que acudir al TC”, comentó la portavoz del Gobierno tras emplazar el pasado viernes a la Región de Murcia a dar marcha atrás con el denominado ‘pin parental’ y tras subrayar el presidente Pedro Sánchez en las últimas semanas que quiere desjudicializar el denominado ‘conflicto político’ en Cataluña.
Montero celebró que el diálogo con la Generalitat ha permitido que el gobierno autonómico haya modificado “la ley que permitía crear policías locales en mancomunidades y que contravenía la ley” vigente por considerarse “una competencia estatal”.
Por el contrario, indicó que en el caso de Canarias no ha sido posible ponerse de acuerdo en la comisión bilateral y por eso se ha instado en el Consejo de Ministros a interponer un recurso en el Tribunal Constitucional “contra un precepto de la ley de canaria de calidad alimentaria”.
Montero señaló que no ha sido posible alcanzar un consenso con el gobierno autonómico que preside el también socialista Ángel Víctor Torres por diferencias de criterio sobre “las competencias de cada uno”, ya que la “controversia” radica principalmente en que la ley regional acepta como vinos a los productos producidos a partir de la viña mientras que la nacional establece que sólo lo es el que “procede exclusivamente de la uva”.
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