La Real Academia Española (RAE) asegura en su informe sobre el lenguaje inclusivo de la Constitución que “convendría sustituir el término disminuido” por el de “discapacitado”, una fórmula que se distancia de las recomendaciones del Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi), que aconseja emplear la expresión «personas con discapacidad».
El artículo 49 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán”.
En reiteradas ocasiones, el Cermi ha insistido en la necesidad de eliminar la palabra “disminuidos” de la Carta Magna por lo que tiene de ofensivo. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez elevó una propuesta al Consejo de Ministros basada en los trabajos de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
El tratamiento propuesto, y que iba en la línea de las recomendaciones del Cermi, implicaba cambiar “disminuidos” por “personas con discapacidad”, pero la propuesta decayó en el momento en que se disolvieron las Cortes para una nueva convocatoria de elecciones.
Fue en diciembre de 2018 cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de reforma del artículo 49 de la Constitución, que buscaba eliminar el término ‘disminuidos’ y sustituirlo por ‘personas con discapacidad’, tal y como el movimiento asociativo de la discapacidad reclama desde hace años.
El informe de la RAE, en cambio, insta a emplear el término “discapacitado”, ya que asegura que es “más común en la actualidad”, sin importar que las recomendaciones del propio colectivo sean otras.
La iniciativa del Gobierno llegó después de una gran campaña iniciada por la periodista Vicky Bendito, que cosechó miles de firmas para eliminar la palabra “disminuidos” de la Constitución. La intención era transformar el «espíritu» del propio artículo para sustituir una «visión asistencial» de la sociedad hacia las personas con discapacidad por el concepto de «autonomía personal».
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