Iberdrola anunció este lunes la interposición de una nueva querella criminal por un supuesto delito de falsedad contra su exempleado José Antonio Del Olmo como “presunto autor” del informe publicado en ‘El Confidencial’ los pasados días 2 y 3 de diciembre, donde acusa a la dirección de la compañía de ordenar espionajes.
Iberdrola asegura que la investigación interna realizada por su Unidad de Cumplimiento “no ha localizado” el citado documento en sus archivos y acusa al exempleado de no colaborar en el esclarecimiento de los hechos “a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para ello”.
“No ha reconocido ni su redacción ni su emisión, y sus potenciales receptores, como han declarado ante la citada Unidad, tampoco han tenido conocimiento del mismo, y de haberlo tenido, habrían tomado las acciones oportunas”, detalla la compañía en un comunicado. Iberdrola desvela que dicho informe incluye además un dictamen pericial “que ha detectado aparentes incongruencias en sus páginas, no descartándose que haya podido ser objeto de algún tipo de composición”.
Esta querella, que interpondrá ante los juzgados de Bilbao, se suma a la ya presentada contra el exempleado por “injurias y calumnias graves cometidas con publicidad por parte Pablo Insunza Gaminde el pasado 19 de diciembre de 2019”.
Iberdrola indicó que ha tenido conocimiento de que del Olmo ha sido llamado a declarar en condición de testigo ante el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Ante esta situación, refirió que ejercerá “todas aquellas acciones legales que de dicha declaración se desprendan en orden a salvaguardar su reputación y buen nombre”.
La eléctrica remitió ya a finales del pasado año un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid donde solicitaba la apertura de diligencias contra Del Olmo por los delitos que se desprendan de la investigación del fiscal y que la compañía consideraba susceptibles de ser calificados como falsedad documental, injurias y calumnias.
En dicho escrito, Iberdrola consideraba que el autor del presunto documento parecía ser el único conocedor del mismo y que, ni el momento de la presunta redacción -diciembre de 2004- ni con posterioridad a los hechos, ha formulado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes por las supuestas irregularidades que, presuntamente, él conocía.
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