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La Fiscalía avala que Torra siga siendo presidente de la Generalitat hasta que el Supremo decida sobre su inhabilitación

La Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo “no se opone” a que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, siga en su cargo en tanto no se resuelva el recurso presentado por su defensa ante el Supremo en contra su inhabilitación.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado a conocer este viernes su informe, en el que no se opone a la petición realizada por la defensa de Quim Torra para que quede en suspenso la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero, que dictaba que dejaba de ser diputado en el Parlamento catalán.

El fiscal Pedro Crespo indica en un escrito de 21 páginas que el ministerio público considera que en este caso debe primar “la prudente y equilibrada preservación” de los intereses en conflicto y, por ello, considera “asumible” la petición que hace Torra hasta que la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo resuelva si la decisión de la JEC es acorde a derecho.

En su escrito, el fiscal admite que existe un “debate jurídico” sobre si la Junta Electoral Central tiene competencias para inhabilitar a un diputado por una sentencia que no es firme (la condena por desobediencia contra el president por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat). Este debate, admite el fiscal, “resulta lo suficientemente abierto y complejo” como para impedir que el recurso de Torra pueda rechazarse de inicio.

La inhabilitación de Torra como miembro del Parlament fue acordada por la Junta Electoral Central a instancias del PP, Vox y Ciudadanos por siete votos a favor seis en contra. Estaba en cuestión si la pérdida del acta de diputado supondría también la pérdida del cargo de presidente de la Generalitat, dado que el Estatuto de Cataluña establece que el `president´ debe ser diputado autonómico. No obstante los letrados de la Cámara catalana sostienen que puede mantenerse en el cargo.

La Fiscalía trata de hilar fino en este asunto. Reconoce que hay una “controversia constitucional” sobre si corresponde al Parlament determinar las incompatibilidades de sus miembros de manera exclusiva, como defiende Torra. Sin pronunciarse expresamente sobre este punto, el ministerio público advierte que la inhabilitación exprés de Torra podría vulnerar su presunción de inocencia.

El informa puntualiza que la decisión de la JEC “genera un efecto automático de contenido material similar, si no idéntico, al de la ejecución provisional de una pena, y puede comportar la pérdida definitiva del cargo público al que afecta, incluyendo los de representación política”. Es decir, casi de soslayo reconoce que la inhabilitación podría violentar los derechos de representación política de Torra de manera inmediata y con efectos irreversibles.

Así, dice que en este caso “lo significativo” es que la inhabilitación dictada por la JEC conlleva “la privación inmediata y definitiva del escaño que ocupa Quim Torra en el Parlamento catalán y su asignación al siguiente candidato de la lista electoral en la que fue elegido”. La Fiscalía parece optar por la prudencia y recuerda que “la JEC nunca había decidido, directamente en ejercicio de su propia competencia, privar de su escaño a un parlamentario que ya se hallase en el ejercicio pleno de su mandato”.

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