La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá como principales desafíos en esta legislatura la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la reforma del sistema de financiación autonómica.
Tras confirmarse que, además de asumir la Portavocía del Gobierno, seguirá al frente de Hacienda -cartera que ya ostentaba desde junio de 2018- el primer paso a dar por Montero será la aprobación del techo de gasto de 2020, que deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados, y que servirá como primer paso para la elaboración del proyecto de Presupuestos para este año.
Una vez superada la investidura, la tramitación de los Presupuestos será la primera gran prueba a superar por el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, en minoría en la Cámara Baja, que deberá recabar una mayoría parlamentaria para aprobar las cuentas para que la legislatura eche a andar de forma efectiva.
El bloqueo político vivido durante 2019 y el hecho de que el Ejecutivo haya estado en funciones desde abril ha impedido cumplir con los plazos marcados por la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo relativo al techo de gasto, la senda de estabilidad y la tramitación presupuestaria.
PRESUPUESTOS
El artículo 30 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el Ministerio de Hacienda debe informar al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el techo de gasto antes del 1 de agosto del año anterior.
Asimismo, el artículo 15 de la misma ley fija que el Gobierno debe aprobar en el primer semestre del año, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, los objetivos de estabilidad presupuestaria, esto es, de déficit y deuda, así como el techo de gasto, y que para ello debe remitir las respectivas propuestas al Consejo de Política Fiscal Financiera antes del 1 de abril.
La aprobación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria suponen el primer paso para la elaboración de los Presupuestos, que según establece el artículo 134 de la Constitución Española deben presentarse al Congreso de los Diputados antes del fin de septiembre del ejercicio anterior, plazo que se ha incumplido de forma recurrente en los últimos ejercicios. Esta falta de mayorías claras en el Congreso ha dado lugar a que entre 2017 y 2020 se hayan producido cuatro prórrogas presupuestarias, mismo número que entre 1978 y 2016, y a que las últimas cuentas que lograron ser aprobadas por el Congreso, las de 2018, hayan sido prorrogadas para 2019 y 2020, siendo las primeras vigentes en tres ejercicios distintos.
Como curiosidad, cabe recordar que, aunque en 2019 el proyecto de Presupuestos pactado por PSOE y Unidas Podemos fue rechazado por el Congreso de los Diputados, Montero sí cuenta con unas cuentas aprobadas bajo su mandato. En concreto, la tramitación de las de 2018 se inició durante el Gobierno de Mariano Rajoy y terminó semanas después del triunfo de la moción de censura que dio acceso a La Moncloa a Pedro Sánchez, por lo que Montero tuvo que defender entonces la aprobación de unas cuentas elaboradas por su antecesor, Cristóbal Montoro.
Sobre los Presupuestos de 2020, Montero señaló el pasado martes que Hacienda ya tiene trabajadas las previsiones de recaudación que se incluirán en el proyecto presupuestario, “empezaremos a trabajar” en “las prioridades” marcadas en los acuerdos programáticos firmados por el PSOE con el resto de formaciones políticas que apoyaron la investidura de Sánchez.
Junto al reto que supone la aprobación de los Presupuestos, el Gobierno de coalición también tendrá como desafío, tal y como se compromete en su acuerdo programático, a combinar un aumento del gasto público para “recuperar los derechos perdidos durante la crisis” con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que pide la Comisión Europea, orientados a rebajar el déficit y la deuda, para lo que el Ejecutivo propone reformas tributarias que aumenten los ingresos del Estado.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por otra parte, uno de los principales asuntos pendientes de los últimos años a los que el Gobierno tendrá que dar solución es la reforma del sistema de financiación autonómica, ya que el actual fue actualizado en 2009 con una previsión de vigencia de cinco años y desde entonces varias autonomías vienen reclamando modificarlo para adecuarlo a sus necesidades, al considerarse infrafinanciadas con el actual.
La reforma del sistema de financiación autonómico es un compromiso adquirido en enero de 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy con las comunidades autónomas tras la Conferencia de Presidentes celebrada en aquellas fechas. En concreto, se fijó como objetivo reformar el sistema a lo largo de 2017, pero entonces el Ejecutivo del PP se escudó en la situación política vivida en Cataluña y la ausencia de la Generalitat en las distintas reuniones del CPFF para justificar el incumplimiento de dicho compromiso.
Como resultado del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, en febrero de 2017 el Consejo de Ministros creó una Comisión de Expertos, integrada por profesionales propuestos por el Estado y por cada autonomía, que elaboró un informe con propuestas para la reforma del sistema. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año se constituyó el Comité Técnico Permanente de Evaluación del CPFF, en el que Cataluña decidió no participar, y que realizó un nuevo informe con las propuestas presentadas por cada comunidad.
Ya en 2018, el todavía Gobierno popular mostró su intención de avanzar para que el trabajo técnico de los expertos diera paso al trabajo político entre las comunidades autónomas y el Estado, una voluntad que se mantuvo con el cambio de Ejecutivo producido en junio de dicho año, cuando la moción de censura contra Mariano Rajoy dio paso al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, quien estando en la oposición había reclamado la reforma del sistema.
Sin embargo, una vez investido presidente, Sánchez argumentó carecer de tiempo en lo que quedaba de legislatura para abordar la reforma, posponiéndola a después de las siguientes elecciones generales. En cualquier caso, comenzaron las reuniones de carácter político de la comisión integrada en el CPFF para la financiación autonómica, en la que llegó a participar un representante de la Generalitat de Cataluña, pero el bloqueo vivido durante 2019 ha mantenido la reforma parada.
De hecho, en 2019 el CPFF no se ha reunido ninguna vez a pesar de que el artículo 6 de su Reglamento obliga a que sea convocado “como mínimo, dos veces al año”. Esta situación ha provocado durante el último año un cruce de acusaciones entre el PP y el Gobierno, ya que mientras los populares critican que no se haya convocado el CPFF en 2019, el Ejecutivo reprocha al PP que no avanzara en la reforma durante las dos legislaturas en las que estuvo en La Moncloa.
Uno de los mayores retos de dicha reforma será el debate sobre la armonización de impuestos como el de Sucesiones o Patrimonio, ya que algunas comunidades autónomas han optado en los últimos años por bonificarlo haciendo que en la práctica no se apliquen, originando quejas de otras regiones, cuyas dificultades para conseguir ingresos son mayores, sobre el perjuicio que este ‘dumping fiscal’ les crea al competir a la baja en la aplicación de la fiscalidad.
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