El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, va a continuar al frente del Ministerio de Fomento en la nueva legislatura, aunque con un cambio de orientación, ya que la denominación del departamento pasa a ser Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. De hecho, frente a unos años centrados en la construcción de infraestructuras, especialmente de alta velocidad ferroviaria, en este nuevo mandato el control de los precios del alquiler y el establecimiento de un nuevo modelo de financiación de las autovías y autopistas serán dos de sus grandes prioridades.
A este respecto, fuentes cercanas a La Moncloa explican que el cambio de nombre, que se incluyó en el programa electoral del PSOE, trata de reflejar que «las infraestructuras son el medio y que el objetivo es la movilidad de las personas y las mercancías, una movilidad conectada, segura y sostenible”.
Además, destacaron que incorpora la Agenda Urbana a las competencias de vivienda, convirtiendo esta política en “una apuesta por un desarrollo integral de las ciudades y pueblos de toda España”,
Sobre el alquiler, el acuerdo programático del PSOE y Unidas Podemos contempla el impulso de las medidas normativas necesarias para “poner techo” a las subidas “abusivas» de los precios en determinadas zonas de algunas ciudades que sean declaradas como de “mercado tensionado”.
Esta medida, que provocó grandes discrepancias entre el Gobierno y Podemos que llevaron incluso a que la formación morada tumbara un real decreto ley aprobado por Fomento, formó parte de la segunda versión de dicho real decreto que fue finalmente aprobada durante la anterior legislatura pero sigue pendiente de desarrollo.
En concreto, el nuevo Ejecutivo habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda, que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.
En función de estos índices, los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable.
Con ello, el objetivo de estos índices de referencia es que los ayuntamientos y comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.
De forma complementaria otro gran objetivo del nuevo Ejecutivo es incrementar el parque de vivienda pública destinado al alquiler social, del que existe un gran déficit en España que el propio ministro sitúa en el entorno del millón. Para ello, Ábalos ya trabaja en la elaboración de un pliego para permitir la licitación de derechos de superficie que permitan el uso de suelo público para que operadores privados cuenten con estos suelos durante 50 años, periodo en el que deberían construir vivienda social para alquiler y gestionarla.
Esta iniciativa de colaboración público-privada se sumará al plan del propio Ministerio de promover la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social.
Por otro lado, el nuevo ministerio quiere determinar el carácter social de la vivienda de protección pública con una normativa que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre.
En cuanto a la financiación de las autovías, Ábalos ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de impulsar un acuerdo político que establezca un nuevo marco que permita garantizar los ingresos necesarios para conservar el buen estado de la red de estas vías de alta capacidad, sin descartar el pago por el uso de las mismas.
Lo que sí parece claro es que se mantendrá la liberalización de los peajes de las autopistas de las que venza su concesión, lo que ha supuesto ya el fin del peaje entre Burgos y Armiñón, Sevilla y Cádiz, así como entre Tarragona y Alicante.
En esta nueva legislatura, el compromiso de Ábalos supone que otros cuatro tramos de autopista pasarán a ser gratuitos el 31 de agosto de 2021. Se trata de los tres tramos de la AP-7 entre Tarragona y la frontera francesa y de la AP-2 entre Zaragoza y la propia AP-7. Todas estas concesiones pertenecen a Acesa, de Abertis.
Por último, durante estos próximos años se deberían concluir las obras del AVE a Galicia y al País Vasco, además de producirse grandes avances en el Corredor Mediterráneo y de culminarse el proceso de liberalización que permitirá que surjan operadores que compitan con Renfe en la explotación de las líneas AVE.
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