Edmundo Bal, diputado y candidato de Ciudadanos que ejerció como abogado del Estado en la causa contra los independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo, se mostró convencido este martes de que los condenados no querían solo «presionar» al Gobierno sino que realmente tenían intención de proclamar la independencia, a pesar de que su tesis no coincida con la sentencia, que por supuesto acata.
En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Edmundo Bal se mostró seguro de que «en la mente de todos los que protagonizaron como autores estos hechos delictivos» estaba al menos «aceptado» o «asumido» que uno de los pasos necesarios para lograr sus fines era la declaración unilateral de independencia, incluso sabiendo que se generaría violencia y que eso «no era solo mecanismo de presión».
A pesar de ello, precisó, «no nos queda menos que acatarlo» y «felicitarnos» por una sentencia «histórica» que además es un «aviso» para quienes en el futuro planteen emular la hoja de ruta del independentismo catalán.
Bal subrayó que el relato de hechos de la sentencia considera probado de forma «contundente» que se produjeron episodios de violencia con el objetivo de evitar que se cumpliera el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al referéndum del 1 de octubre, y subrayó que como abogado del Estado en esta causa llegó a redactar un tercer borrador de escrito de acusación en el que se calificaban los hechos de sedición «de la misma justa manera» que finalmente ha hecho el Tribunal aunque en su cabeza barajaba penas más elevadas, por ejemplo para Oriol Junqueras de 16 a 18 años, por la interpretación de esa violencia, que fue justamente «lo que motivó mi cese».
En su opinión, esos días sucedieron «hechos muy relevantes jurídicamente hablando» en relación a la interpretación de esa violencia, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quería eliminar del escrito de acusación para «poder tener contentos a sus amigos» nacionalistas con los que estaba negociando en ese momento.
A la pregunta directa de si hubo injerencia del Gobierno para modificar el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, respondió con un «absolutamente», explicando a continuación que él fue quien había llevado el sumario, había asistido a la instrucción, había visto las declaraciones de los testigos y los acusados, había leído los atestados, y había pasado meses estudiando los tomos de la instrucción y de las apelaciones, por lo que «el criterio técnico no podía ser otro que el mío».
Subrayó que el Tribunal Supremo «por primera vez en la historia de la jurisprudencia española» establece que la violencia, para ser considerada rebelión, debe ser «instrumental, preordenada y funcional», y esos son adjetivos que no aparecen en el tipo penal. Aunque la interpretación está «permitida» al Tribunal Supremo, Edmundo Bal se preguntó por qué no se refleja en la sentencia la convicción de que los máximos responsables de la Generalitat eran conscientes de esa violencia y de sus consecuencias.
Destacó, por ejemplo, que la sentencia considera probada la reunión de los Mossos con Puigdemont, Junqueras y Forn en la que aquéllos alertan de la previsión de violencia y el entonces presidente de la Generalitat insiste en mantener convocado el referéndum y dice, además, que si hay violencia declarará la independencia «de forma inmediata». De esa convicción del tribunal, comentó, «alguna consecuencia jurídica podía haberse sacado» en la sentencia para cuestionar que esa violencia fuera solo un mecanismo de presión.
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