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Peña Nieto «se queda corto» con iniciativa que no afecta finanzas de cárteles

Paola Martínez Castro

México, 21 abr (EFE).- El proyecto legislativo sobre el uso de la marihuana anunciado hoy por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tiene «enormes vacíos», pero el más importante es que deja en la ilegalidad la producción y venta de la planta y, por tanto, no toca las finanzas de los cárteles ni la violencia asociada a ellos.

Si bien la iniciativa «es un paso que rompe por lo menos con una inercia de cerrazón», Peña Nieto «se queda muy corto» respecto a las expectativas, dijo a Efe el secretario general de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa.

La iniciativa autoriza el uso medicinal de la marihuana y la investigación clínica con fines de registro para productos que contengan cannabis, y aumenta de 5 a 28 gramos la cantidad que pueden portar los ciudadanos para consumo personal.

De nada ayuda el aumento de la cantidad «si me siguen condenando a tener que recurrir a un callejón oscuro, a una tienda clandestina en contacto con narcomenudistas o delincuencia organizada» para obtener la hierba, lo que deja intacta la fortaleza financiera de los cárteles, señaló.

«Mientras no les quiten el dinero, no hay forma de ganarles porque tienen más recursos que el propio Estado», expuso, y añadió que los ingresos de los cárteles por concepto de drogas «están entre 20.000 y 40.000 millones de dólares solamente en Estados Unidos y México».

«Si los queremos derrotar realmente, los tenemos que agotar en su fuente de recursos principal, que proviene de la prohibición», y si ésta no termina, se trata de «pura demagogia porque no va a trascender en nada», sostuvo.

Torres Landa, uno de los cuatro ciudadanos autorizados por la Suprema Corte para consumir marihuana con fines lúdicos, tildó de «esquizofrénico» pensar que estas medidas generen un efecto positivo cuando «la prohibición sigue tan campante como siempre», pese al reconocimiento del Ejecutivo de que esa política «no funciona».

La prohibición, dijo, ha eliminado la capacidad regulatoria del Estado y diluido su fuerza ante este flagelo, mientras que la delincuencia «está fortalecida y financieramente muy sana».

El activista lamentó que el Ejecutivo no apreciara «realmente el tamaño del problema», y añadió que lo único que puede ser positivo es que los policías, en vez perseguir consumidores, ahora tendrán tiempo para hacer «cosas más importantes como buscar a delincuentes reales».

En relación al uso medicinal de la planta, el abogado destacó que con la iniciativa de Peña Nieto se tendrá que recurrir a la importación del insumo, en lugar de impulsar el florecimiento de una «industria regulada» que genere el pago de impuestos.

«El beneficio se lo llevan campesinos o industrias de otros países», lamentó Torres Landa, quien cifró sus esperanzas en una iniciativa presentada este mes por el senador Roberto Gil Zuarth y respaldada por el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez.

Dicho proyecto «sí contiene una regulación coherente, integral, que abarca toda la cadena» y deja en manos del Estado la regulación del mercado, desde la producción hasta el suministro, apuntó.

La iniciativa plantea la creación de una institución que se encargará de comprar toda la producción a los campesinos y de proveer marihuana sólo para uso medicinal, investigación científica y consumo lúdico.

Graco Ramírez dijo hoy que la iniciativa presidencial es insuficiente y está marcada por una «doble moral». Añadió que «el mercado está en manos de delincuentes» y es precisamente eso lo que hay que evitar.

En declaraciones a Milenio Televisión, el gobernador subrayó la necesidad de una «reforma integral» como la que se está planteando en Canadá, que propone un esquema de legalización en que los menores no tengan acceso a la marihuana y que quite a las organizaciones criminales miles de millones de dólares en ingresos.

Los recursos fiscales que pueden ser obtenidos a través de una industria legal de la marihuana permitirán atacar los problemas de salud pública generados por el consumo e invertir en educación y campañas que permitan a los jóvenes tener información veraz sobre las drogas, señaló Ramírez.

Torres Landa consideró una «tristeza» que prosperara una iniciativa que calificó de «mera estética», además de «parcial, inacabada y que en algunos temas puede ser incluso contraproducente».

Deploró también el «gasto descomunal» en los foros convocados por Peña Nieto para debatir sobre el tema para haber llegado a esta conclusión.

Sin embargo, dijo que él y los otros tres ciudadanos que promovieron el amparo ante la Suprema Corte en contra de la prohibición de la marihuana en la Ley General de la Salud seguirán en la lucha hasta lograr «mejores condiciones de seguridad y justicia».

Además, que los recursos estatales sean usados «en forma productiva» porque seguir dedicando fondos «a cualquier cosa que tenga algún vínculo con la prohibición es un desperdicio en todo el sentido de la palabra», remató. EFE