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El fiscal ve delito detrás de las campañas electorales de Barberá

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia investigará si el PP de Rita Barberá cometió un presunto delito electoral -el nombre jurídico que recibe la financiación ilegal de partidos- ante las sospechas que generó la declaración de Mari Carmen García Fuster, la secretaria del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia, ante el juez que investiga al PP por un presunto delito de blanqueo de capitales, tal y como informa el diario El Mundo. 

En el centro de la diana de Anticorrupción están las campañas de 2011 y 2015 tras la denuncia que ayer presentó el grupo municipal Compromís por estos hechos. En esta denuncia, el partido de Mónica Oltra, alerta que, de la documentación incluida en la 'Operación Taula', se desprende que «el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia disponía de una o varias cuentas bancarias, diferentes de la que, por imperativo legal, debe abrirse con los únicos fines de recibir en la misma todos los fondos destinados a sufragar cada campaña electoral y pagar todos los gastos»

Así, este dinero no habría sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas «consiguiendo eludir el control de ingresos y gastos destinados a las campañas electorales, obteniendo una ventaja sobre el resto de candidaturas de manera contraria a la ley y evitando en todo caso una posible minoración de subvenciones en relación a los resultados obtenidos, que es una consecuencia posible de la detección de irregularidades por parte del Tribunal de Cuentas».

Y esa parece también la vía de indicios que sigue la Fiscalía que ya pidió al juzgado que se dirigiera al Tribunal de Cuentas para que facilite información sobre las tres cuentas del PP de Valencia que aparecieron durante los registros. En las próximas semanas el juzgado podría acordar nuevas pruebas en relación a estos hechos para comprobar si el PP de Rita Barberá incumplió los límites que fija la ley electoral en varias elecciones.

Hay que recordar que todo se c`puede complicar en el PP valenciano ya que el juzgado, la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan una trama, organizada que habría revestido de legalidad numerosos contratos públicos para conseguir importantes 'mordidas' de la Diputación, la Generalitat y varios ayuntamientos, como el de Xàtiva o Valencia. La investigación apunta a que así se repartía entre un 2% y un 3% por cada contrato público amañado.

En el transcurso de las diligencias los agentes tuvieron conocimiento de un caso muy concreto que apunta a que medio centenar de miembros del grupo municipal aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la última campaña de la ex alcaldesa. Las donaciones personales, legales, se habrían retornado en 'B', en forma de dos billetes de 500 euros que se tenían que blanquear sin levantar sospechas.