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Exconsejero andaluz reduce el fraude de cursos a errores administrativos

Sevilla, 11 abr (EFE).- El empresario y exconsejero socialista Ángel Ojeda, principal implicado en el presunto fraude de los cursos de formación, ha reducido todo lo ocurrido entre sus empresas y la Junta de Andalucía a «irregularidades administrativas, ni siquiera contables», y se ha negado contestar a las preguntas del PP-A.

Consejero del Gobierno andaluz a finales de los ochenta y beneficiario de más 50 millones de fondos públicos destinados a cursos, de los que 33,3 corresponden a la formación de extrabajadores de Delphi, Ojeda se ha presentado como un «ciudadano ejemplar» y víctima de una presunta prevaricación «masiva» de la Junta que habría cometido contra «miles de empresas» de cursos de formación por no pagarles de forma «consciente y dolosa» el dinero que les corresponde.

También ha apuntado al «interés, a la campaña brutal» del Gobierno del PP en su contra y ha señalado a un inspector de la UDEF mandado desde Madrid que «introdujo la deriva penal y trajo como consecuencia cientos de detenciones», entre ellas la suya, en Andalucía.

En una comparecencia de tres horas y media ante la comisión parlamentaria de investigación, Ojeda ha rechazado en cada una de las preguntas que las actuaciones de su entramado de empresas hayan incurrido en fraude o se haya beneficiado con los cursos de formación, y ha manifestado que la Junta le «debe dinero» de las subvenciones y que los cursos se hacía al «coste y no con sobrecoste».

«Todo ha sido legal y normal, de acuerdo a las resoluciones y controles de la Junta. Por mucho que se busque todo estaba pagado, y controlado y justificado» por los funcionarios de la Junta, ha aseverado.

Sobre la concesión de la subvención para la formación a los trabajadores de Delphi, ha instado a preguntar a la Junta, a la «legalidad» de la resolución, y ha garantizado que «se han cumplido a rajatabla» los procedimientos administrativos, en éste como en el resto de los cursos -ha dicho-, cuyo número y cuantía dijo no recordar, aunque el PP cifró al menos en 102 los cursos realizados.

Ojeda se ha quejado del tiempo que tarda la Junta en abonar el 25 % de los cursos y ha indicado que su empresa ha puesto 61 contenciosos-administrativos y que la justicia le está «dando la razón condenando a la Junta a la liquidación, las costas y los intereses de demora».

El momento más tenso de los interrogatorios fue durante el turno de la diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, a la que se negó a responder Ojeda.

El exconsejero ha justificado su negativa en una querella por «difamación» puesta por su cuñada y ex directora general de Formación para el Empleo, Teresa Florido, contra una dirigente popular (Ana Mestre) que -según dijo- fue «asesorada» por Ruiz Sillero y que ha sido condenada por la justicia.

«La querella fue archivada. Miente, falta a la verdad, no he intervenido y está obligado a decir la verdad bajo penas de multa o presión», ha replicado la diputada.

Pese a la ausencia de respuestas, Ruiz Sillero pregunto por qué su cuñada firmó dos resoluciones ampliando el plazo de ejecución de acciones formativas o por qué dice «desconocer» al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en los ERE, cuando Ojeda «firmó» el manifiesto para su excarcelación.

Además, aludió a las «extrañas confluencias» de Ojeda con Antonio Fernández y Javier Guerrero, el principal imputado por los ERE, y le ha avisado de que «nadie se cree» que no haya ganado dinero con los cursos.EFE

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