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Rousseff se enfrenta a una prueba de fuego para mantenerse en el poder

Brasilia, 10 abr (EFE).- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afronta la próxima semana una verdadera prueba de fuego, con dos votaciones decisivas, en sus esfuerzos por impedir que el Congreso abra en su contra un juicio político con fines de destitución.

Tanto el Gobierno como los partidos de la oposición siguieron hoy buscando apoyos de cara a la votación de mañana en la que la comisión especial de 65 diputados creada por el Congreso para determinar si existen argumentos jurídicos para el juicio decidirá si aprueba o rechaza el informe en el que el instructor recomienda dar continuidad al proceso.

Como ambas partes dan por hecho que la apertura del juicio será respaldada por la comisión especial, las negociaciones se centran en la votación inicialmente prevista para el próximo viernes, que puede prolongarse al sábado y al domingo y en la que el pleno de la Cámara de Diputados se pronunciará sobre el proceso.

Éste seguirá adelante si es apoyado el lunes por la mayoría simple en la comisión especial, pero sólo será remitido al Senado con el respaldo de la mayoría calificada de dos tercios (342 de 513 votos) en el pleno de la Cámara baja.

La jefa de Estado necesita que 172 diputados se manifiesten contra la apertura del juicio político, se abstengan o se ausenten el día de la votación para obligar a la dirección de la Cámara de Diputados a archivar el proceso.

Al menos cuatro formaciones políticas que suman 94 votos ya se han pronunciado claramente a favor de Rousseff: el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), con 57 diputados; el Partido Democrático Laborista (PDT), con 20; el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), con 11, y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con 6.

Rousseff también cuenta con el apoyo de disidentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB), la mayor fuerza en la Cámara baja (67 diputados), encabezada por el vicepresidente del país, Michel Temer, y que anunció el mes pasado su ruptura con el Gobierno.

Pese a esa ruptura, seis de los siete ministros del PMDB continúan en el gabinete y han dicho que buscan apoyos al Gobierno entre sus correligionarios.

El Partido Progresista (PP), tercera mayor formación en la Cámara baja con 48 diputados, también anunció su apoyo al Ejecutivo, aunque, según su presidente, Ciro Nigueira, no votará en bloque contra el posible juicio político, ya que hay algunos disidentes.

El Gobierno está intentando garantizar los votos que le faltan entre medianos partidos de centro a los que, como al PP, les ofreció una mayor participación en el gabinete y la posibilidad de ocupar los cargos dejados por el PMDB.

Los esfuerzos están centrados en formaciones como el Partido de la República (PR), el Partido Social Democrático (PSD) y el Partido Republicano Brasileño (PRB), que cuentan con un poco más de un centenar de diputados y están divididos frente al juicio.

Según versiones de prensa, el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien Rousseff designó como ministro de la Presidencia pero cuyo nombramiento fue suspendido por una medida cautelar, es quien comanda las negociaciones con estos partidos, que se centran principalmente en cargos.

Lula hace estas gestiones desde el cuartel que instaló en un lujoso hotel de Brasilia y en el que todos los días se ve un ir y venir continuo de parlamentarios.

Ningún partido se arriesga a pronosticar un resultado y los sondeos muestran que la batalla la ganará quien consiga convencer a los indecisos de última hora.

Según un sondeo hoy entre diputados que el diario «O Estado de Sao Paulo» actualiza diariamente, 287 legisladores son partidarios del juicio, 115 son contrarios, 61 se muestran indecisos y 50 se niegan a revelar su voto.

Pero si el resultado de la votación en el pleno de la Cámara de Diputados es incierto, el de la Comisión Especial quedó claro el viernes cuando, en un debate sobre el asunto en el que participaron 61 diputados, 39 se pronunciaron por la apertura del juicio, 21 se expresaron en contra y 1 se mostró indeciso.

El debate también dejó claro que, pese a que la comisión tiene que pronunciarse sobre si hay base jurídica para la apertura del proceso, sus miembros prácticamente han ignorado las discusiones técnicas y han preferido centrarse en los discursos políticos.

Los diputados favorables a juzgar a Rousseff se refirieron en sus discursos a la falta de condiciones para gobernar de la presidenta, a las acusaciones de corrupción contra su Gobierno y a la crisis económica del país.

Los que se oponen al proceso, por su parte, argumentaron que el juicio no pasa de ser un intento de golpe promovido por los sectores de la oposición derrotados en las presidenciales de octubre de 2014.

En caso de que la Cámara baja dé luz verde al proceso, Rousseff tendrá que separarse del cargo durante 180 días, que es el plazo que tiene el Senado para juzgarla.

En ese período sería sustituida por su vicepresidente, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si el Senado finalmente destituyera a la mandataria. EFE