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Piden nulidad de escuchas del caso Marea, el mayor por corrupción en Asturias

Oviedo, 4 abr (EFE).- Las defensas de los principales acusados en el juicio por el caso Marea, la mayor causa por corrupción abierta en Asturias por la que afrontan penas que suman 57 años de prisión, han solicitado hoy la nulidad de las escuchas telefónicas y de los registros realizados durante la fase de instrucción.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha acogido hoy la primera de las sesiones del juicio, que ha estado dedicada al planteamiento de las cuestiones previas por parte de las defensas de los trece acusados de participar en una trama de adjudicación de contratos públicos, entre los que se encuentran el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en el Departamento de Educación, María Jesús Otero.

La investigación, que apunta a una presunta apropiación de hasta 9 millones de euros, se remonta a principios de 2010, cuando se detectaron actuaciones irregulares en la adjudicación de contratos por parte de la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyo acrónimo ha dado nombre al caso (Marea), en unos hechos que se remontan al mandato del socialista Vicente Álvarez Areces.

Durante la primera de las dos sesiones dedicadas a las cuestiones previas, las defensas han alegado la vulneración de los derechos de sus defendidos para solicitar la nulidad de las averiguaciones obtenidas a partir de las escuchas y los registros durante la fase de instrucción, que han llegado a calificar de «caótica».

A este respecto, han advertido de que algunas escuchas telefónicas se produjeron cuando las defensas y los acusados estaban en la fase de diseño de sus estrategias.

Además, han insistido en la conveniencia de haber abierto dos causas, una por las presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Consejería de Educación y otra contra la funcionaria Renedo.

En la sesión, el Tribunal presidido por Javier Domínguez Begega también ha rechazado la inclusión de una nueva prueba documental por parte del Principado, que actúa como acusación particular, sobre obras realizadas en colegios e institutos de la región.

La fiscal del caso, Carmen Rodríguez, ha rechazado la presentación de esta prueba tras criticar la tardanza del Principado cuando ha tenido seis años para hacerlo.

Con ello, el Principado pretendía elevar en 2,5 millones de euros la responsabilidad civil de los acusados, cuestión que también ha sido rechazada por las defensas al entender, al igual que el Ministerio Fiscal, que supondría «indefensión».

En esta causa también están acusados varios empresarios, presuntamente beneficiados en la trama, los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz; Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez; ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández, y Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín, por supuestos delitos relacionados con la falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales.

En total, la Fiscalía pide penas que suman los 57 años de prisión para los siete principales acusados, a los que se acusa de apropiarse de hasta 9 millones de euros, aunque en el banquillo también se han sentado seis trabajadores y funcionarios municipales que supuestamente recibieron favores de la trama, sobre los que sólo formulan cargos las acusaciones populares por un delito de cohecho.

El juicio, en el que los acusados comenzarán a declarar a partir del 13 de abril, se prolongará a lo largo de cerca de 40 sesiones hasta el próximo mes de agosto. EFE

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