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Caso Asunta: una condena pendiente del Supremo

El penalista José Luis Gutiérrez Aranguren, que representa a la abogada Rosario Porto, madre de la víctima, dio el paso de llegar al TS al entender que la pena impuesta a su patrocinada tras un largo juicio con jurado popular se basó en meras conjeturas, suposiciones, declaraciones sesgadas, parcialidad de peritos y testigos, e incluso en una «extralimitación» del magistrado presidente de aquella sala.

Es lo que hizo constar en la frustrada apelación ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y ahora, según ha avanzado el letrado, espera que se posicione al respecto el Alto Tribunal, de ahí que se haya decidido a interponer el recurso de casación al que tenían derecho.

El TSXG introdujo una salvedad, puesto que entiende que la madre de la cría, la abogada Rosario Porto, fue la que asfixió a la chiquilla de 12 años, sin que se pueda corroborar la colaboración del padre, el periodista Alfonso Basterra, pero en ejecución, en todo caso, de un «plan preconcebido con él», por lo que la pena sigue siendo igual para ambos, que están internos en el penal coruñés de Teixeiro.

Y, si bien, especificaba ese fallo, se carece de una prueba directa acerca del acto punible, el asesinato, y ningún testigo presenció y tampoco se percató de la acción que acabó con la existencia de Asunta, al igual que no hay constancia de esta tragedia por medio de grabación alguno, los «hechos indiciarios» conducen, en función de la lógica, la experiencia y de las leyes de la ciencia, «a dar por acreditados los hechos».

Estos son que Rosario Porto fue la autora de la ejecución material de la asfixia, que causó el óbito, y todo ello en el marco de un negociado concordado únicamente con su ex, Alfonso Basterra, sobre el que pesan los registros farmacéuticos -compra del medicamento que contenía Lorazepam y que la autopsia reveló como existente en el cuerpo de la adolescente- y la falta de «credibilidad» en su versión, incapaz de «generar dudas» en los jurados.

De Asunta dice este informe que no pudo defenderse de modo efectivo y que, por el fármaco suministrado en una cantidad «necesariamente tóxica» el 21 de septiembre de 2013, día de su fallecimiento, sufrió somnolencia, movimiento deambulante y una depresión generalizada en su sistema nervioso central, aparte de la posterior sofocación.

Su cadáver fue localizado en una pista forestal de tierra situada en una zona semiurbana del Ayuntamiento de Teo (A Coruña), muy cerca de un chalé de Rosario Porto, ubicado en el lugar de A Poboa, en Montouto, y que está a apenas unos kilómetros de ese talud en el que se halló a Asunta, nacida el 30 de septiembre del año 2000, de madrugada, y con huellas de ligaduras por haber sido atadas sus manos y los tobillos.

Para el amarre se emplearon unas cuerdas anaranjadas que coincidían en su estructura física y química con las encontradas en la mencionada vivienda.

La abogada Belén Hospido, que representa a Alfonso Basterra, ha hecho gala de un hermetismo absoluto durante toda esta causa y en su caso también perdió el recurso ante el TSXG, donde intentó hacer ver que no hay una prueba indiciaria «válida» y trató de desvincular a su cliente de la administración de la medicina a la niña, la cual se le habría suministrado desde al menos tres meses antes de su deceso, provocándole en algunas ocasiones vómitos, y mareos contados por sus maestros.

El 12 de noviembre de 2015, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a 18 años de prisión a los padres de Asunta y el pasado 15 de marzo se firmó el dictamen en el que el TSXG ratifica esa pena.

El TS deberá ahora determinar su parecer sobre el crimen de Asunta, una niña de altas capacidades cuya vida apagaron con una muerte alevosa.

En la citada cuneta, juguetes y flores recuerdan a la menor de origen asiático, en un improvisado altar erigido en su memoria.