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Chaves ratifica en el Supremo que su Gobierno «nunca aprobó nada ilegal»

Chaves ha comparecido entre las 9,58 y las 10,28 horas ante el juez Álvaro Martín y ha ratificado íntegramente su declaración del 14 de abril en el Supremo, donde, según el comunicado que ha difundido una vez concluida la comparecencia, «presté declaración durante varias horas y contesté a todas y cada una de las preguntas que me formularon el magistrado instructor y el Ministerio Fiscal», tal y como consta «en la transcripción de la misma, de 49 páginas, que está incorporada a la causa».

Una vez Chaves ha ratificado la declaración prestada en el Supremo, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado consignadas por escrito entre 15 y 20 preguntas sobre diversas ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla o vinculadas también a Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Tras él, ha declarado su sucesor, José Antonio Griñán. Ambos expresidentes han sido increpados cuando han llegado hoy a los juzgados de Sevilla. Chaves lo hizo sobre las 09.45, entre gritos de «chorizo» de un grupo de ciudadanos congregados a las puertas de la Audiencia Provincial. Al igual que Chaves, Griñán llegó en un coche junto a sus escoltas hasta las puertas de los juzgados, y hasta entrar en el edificio judicial, donde se han concentrado decenas de medios audiovisuales, le han llamado «chorizo». La llegada de Griñán se ha producido minutos después de que Chaves saliera de los juzgados, momento en el que ha vuelto a ser increpado.

Varios ciudadanos también han coreado consignas como «no hay pan para tanto chorizo» y «PSOE, PP, la misma mierda es». Chaves y Griñán ha sido citados a declarar dentro de la pieza de los ERE denominada «procedimiento específico», que fue el creado por la Junta de Andalucía para ayudar a empresas en crisis y que supuso el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2012, según la cifra que fijó la juez que empezó el caso, Mercedes Alaya.

Ante los juzgados también se han congregado varios ciudadanos con pancartas en las que aluden a las primeras prescripciones previstas en los ERE porque las imputaciones se hicieron diez años más tarde de que las empresas recibieran las ayudas.