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El Gobierno podría impugnar la toma de posesión de Puigdemont

Ante el nuevo escenario, cabe preguntarse si Puigdemont perdería su condición de presidente a partir de la impugnación de su acto de investidura. Algo que nunca sucedería; pero eso sí, serviría de aviso a navegantes a la hora de que el ejecutivo catalán en su camino hacia la desconexión con España, o más propiamente, su secesión unilateral, pudiera cometer más ilegalidades.

El caso es que el Gobierno en funciones del PP ha encargado a los servicios jurídicos del Estado que estudien la posibilidad de impugnar la declaración de asunción del cargo de presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont por apreciar en la misma «visos claros de ilegalidad», al no haber incluido un sometimiento expreso a la Constitución, tal y como publica el diario El Mundo. 

El Ejecutivo pretende demostrar con esta decisión su voluntad de «no pasar ni una», como aseguró el presidente Mariano Rajoy en su declaración tras el acuerdo in extremis al que llegaron el pasado sábado la CUP y Junts pel Sí para encumbrar a la presidencia de la Generalitat de Cataluña al número tres de la lista de JpS por Girona, y alcalde de esta ciudad, Carles Puigdemont.

La decisión del Gobierno tiene como fundamento jurídico la instrucción dictada el pasado 2 de junio por la Junta Electoral Central ante las tomas de posesión de los nuevos alcaldes y concejales surgidos de las elecciones municipales y autonómicas. En dicha instrucción se recordaba que en los actos de jura o promesa y toma de posesión de los cargos se debía mostrar expresamente adhesión a la Carta Magna. De hecho, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, remitió varios centenares de cartas a los municipios advirtiéndoles de este pronunciamiento de la Junta Electoral.

En función de esa instrucción, el Gobierno en funciones considera ahora que existen indicios claros de ilegalidad en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat y, por ello, ha encargado a los servicios jurídicos un estudio en el que se analice el contenido de las palabras pronunciadas por Puigdemont y proponga las vías adecuadas, teniendo en cuenta que el president está aforado, para recurrir en su caso el acto.