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El Govern pretende avanzar en su ley de lucha contra la pobreza energética

Según el Govern de la Generalitat de Catalunya el decreto estatal de
suministro de energia eléctrica vulnera sus competencias en materia de energía
y limita la capacidad de Catalunya para aplicar la capacidad normativa que le
corresponde en el ámbito del autoconsumo y la conexión a la red eléctrica de
este tipo de instalaciones.

El departamento de política territorial ha aprobado
solicitar al Consell de Garantíes Estatutàries un dictamen de
constitucionalidad sobre diferentes artículos y disposiciones del decreto
estatal
de suministro de energía eléctrica.

El Govern considera que el texto invade sus competencias y
vulnera, a la vez, el marco competencial establecido en materia de energía. El
ejecutivo autonómico
siempre se ha mostrado partidario de una normativa que
fomente e impulse el autoconsumo como una de las ramas de su política energética.
Esto contrasta con la regulación restrictiva que aprobó en su momento el
Gobierno español.

El dictamen del Consell de Garantíes Estatutàries es
preceptivo para la interposición de un posible conflicto positivo de
competencias.

El Consell Executiu ya acordó presentar un requerimiento de
incompetencia al Gobierno de España para que derogue o bien modifique aquellos
artículos del Real decreto
que considera que vulneran las competencias de la Generalitat de
Catalunya.

El Real decreto supone el despliegue reglamentario del
artículo 9 que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Generalitat de
Catalunya
que, en su momento, fue admitido a trámite.

Ahora mismo, las candidaturas secesionistas de Junts pel sí
y de la CUP
han
consensuado un plan de choque social que contempla la lucha contra la pobreza
energética
en el territorio catalán. Según el pacto entre las fuerzas
independentistas no habrá ninguna familia que padezca de déficits en la luz, el
agua o el gas.

Este es un planteamiento que desobedece claramente las
indicaciones del Gobierno central.
El titular de energía ha explicado que la
ley catalana de pobreza energética ha quedado anulada porque no es posible que
alguien que no es responsable de una situación sufrague las incomodidades de
una parte de la población