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El Constitucional tumba parte de la Ley de Costas

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley de Costas aprobada por el Gobierno del PP en 2013. La razón es que el alto tribunal considera que algunas partes de la norma rebajan la protección del litoral. Así, ahora resulta inconstitucional la reducción de la protección de la isla de Formentera y sus salinas, por ejemplo.

Para estas zonas, la Ley de Costas del PP establece un dominio público menor que en el resto de España, una cuestión que el alto tribunal no cree suficientemente justificada. La sentencia del Constitucional tampoco admite que se excluyan de dicho dominio las zonas «que sean inundadas artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto», como es el caso de las salinas.

Hay otras cuestiones que vuelven a estar fuera de la ley como una depuradora en Cantabria que había sido considerada ilegal por el Tribunal Supremo. «Hay sentencias firmes que han ordenado la demolición de depuradoras en contra de lo establecido», recuerda la sentencia. «Solo se permite la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación».

El Constitucional, no obstante, no ve inconstitucionalidad en otras disposiciones de la ley a las que recurrió el PSOE. El diputado socialista José Luis Ávalos, uno de los que impulsó el recurso, afirma que, «aunque sea parcial, esta declaración de inconstitucionalidad no deja de ser un éxito», informa la agencia Efe. 

Hay que recordar que ONG como Greenpeace, en su informe-denuncia sobre la reforma, sostuvo que la ley, «a pesar de ser llamada con el eufemístico nombre de 'protección y uso sostenible del litoral', ignora las funciones ecosistémicas y su valor como medio natural de lagunas, estuarios, deltas y otros cuerpos de agua de transición entre el mar y el agua dulce, como es el caso de las excepciones relacionadas con las salinas y los cultivos marinos que anuncia. La Ley propone sin justificación su devolución a manos privadas».