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Un protocolo para proteger a los niños de la violencia de género

44 menores han sido asesinados en los últimos diez años durante el régimen de visitas. Los menores se convierten en estos casos en instrumentos en manos de sus padres, que ya no los ven como sus hijos, sino como un medio de hacer más daño a sus parejas.

El Gobierno quiso revertir esta situación con la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que se aprobó en Consejo de Ministros en febrero y que por primera vez reconocía como víctimas a los menores expuestos a la violencia de género.

Sin embargo, aún resultan necesarias medidas adicionales. Por lo menos a los ojos del PSOE que, al calor de los últimos trágicos casos de Casteldefells y Moraña han presentado una iniciativa en el Congreso en la que urge al Gobierno a poner en marcha «un sistema de valoración de riesgo que facilite a los jueces la adopción de medidas para proteger a los hijos de víctimas de violencia de género», una medida que permitiría la suspensión cautelar de las comunicaciones cuando existan «indicios racionales» de criminalidad para proteger al menor, según explica la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez.

Álvarez denuncia que los 44 menores asesinados ponen en evidencia la necesidad de romper con una atención «rutinaria y prejuiciosa» que antepone supuestos derechos paternos a la protección de los menores testigos o víctimas directas de la violencia de género.

«Incluso en situaciones de alto o extremo riesgo de violencia de género son escasísimos los casos en que se priva a un progenitor del ejercicio de la patria potestad o se restringe el derecho de visitas«, agrega, al mismo tiempo que indica que en la práctica judicial existe la tendencia de considerar que la relación paterno filial prima por encima del interés superior del menor.

PROPUESTAS

Concretamente, en ella se insta al Ejecutivo a conformar un equipo de especialistas y expertos en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que elabore un análisis para la creación de indicadores específicos de los factores de riesgo que los menores tienen, en su relación con la violencia de género.

En segundo lugar, pide implementar un sistema individualizado de valoración de riesgo a través de sistemas de recopilación de información suficiente y contrastada que permita identificar información de origen policial, penitenciario y judicial, así como sanitario y de organismos de atención social, para identificar la peligrosidad criminal a través de elementos de valoración médico-forenses, con el fin de auxiliar al juez ante la toma de decisiones respecto a la medidas a imponer para proteger a estos menores.

A su vez, propone formar a los equipos psicosociales en el conocimiento de los factores de riesgo asociados a la violencia en el manejo de las estrategias de gestión del riesgo y de las principales escalas de predicción del riesgo.