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Fiscalía denuncia al conseller de Territorio de la Generalitat por uso irregular de fondos públicos cuando era alcalde

Vila defiende su inocencia y acusa al PP de estar detrás de la denuncia

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Superior de Cataluña ha denunciado ante el Juzgado Decano de Figueres (Girona) al conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santiago Vila, por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido en su etapa como alcalde de esa localidad.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, fechado el pasado 3 de junio, el fiscal superior informa al director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) de que, tras investigar una denuncia cursada por este organismo, «se ha acordado remitir el correspondiente escrito de denuncia al Juzgado decano de Figueres», y según fuentes judiciales, la denuncia ha recaído en el Juzgado 2 de Figueres, que todavía no ha decidido si la admite a trámite.

La denuncia de Antifraude indica que Vila alquiló un local para destinar el Servicio de Bienestar Social del consistorio u otro servicio municipal a la empresa Nova Cadieisa, del que era apoderado el empresario Amadeu Miquel Ballart, mientras mantenía con él «diferentes relaciones económicas».

La denuncia, cursada también contra la sucesora de Vila en el Ayuntamiento, Marta Felip i Torres, pone también de manifiesto que, en el momento en que se alquiló el local a Nova Cadieisa, la empresa de Amadeu Miquel Ballart estaba construyendo en la misma localidad una escuela de hostelería.

La adjudicación a esta empresa del alquiler del local se realizó con unas condiciones que obligaban al consistorio al pago de un alquiler de 5.899,94 euros mensuales por un periodo de 20 años con una opción de compra del espacio por importe de 1,4 millones de euros. Este precio se mantuvo entre octubre de 2010 y abril de 2012 y después se redujo a 4.720 euros al mes y 1,2 millones para la compra.

Así, Antifraude calcula que el Ayuntamiento de Figueres ingresó hasta febrero de 2013 un total de 160.018 euros. No obstante, durante ese plazo las oficinas en el número 39 de la calle Sant Pau no se emplearon para ubicar las instalaciones municipales que establecía el contrato de arrendamiento.

A pesar de ello «se ha podido verificar que se ha pagado el alquiler mensual del uso de estos locales sin que aparentemente hayan estado ocupados ni utilizados después de la firma del contrato desde el 1-10-2010 hasta el momento que se acredita del 22-02-2013», indica.

Además, la OAC apunta a que el Ayuntamiento constató la necesidad de realizar unas obras de reforma para poder instalar las oficinas por valor de 1,3 millones de euros, lo que para este ente «hace ininteligible la firma de un contrato de arrendamiento con estas condiciones tan onerosas para la entidad local».

El local parece ser que no se ha llegado a ocupar -como mínimo hasta finales de febrero de 2013– como oficinas municipales, lo que hace que el resultado final pueda ser que «el dinero público no se haya destinado a las finalidades comprometidas atendiendo las obligaciones municipales, tal y como hubiera sido necesario y obligado».

«CAERÁ POR SU PROPIO PESO»

El conseller Santi Vila ha defendido su inocencia ante la denuncia en su etapa como alcalde de Figueres (Girona), y ha acusado al PP de estar detrás de la denuncia.

En rueda de prensa sobre la construcción de una nueva terminal del Puerto de Barcelona, Vila ha atribuido este viernes la denuncia al juego político, y se ha mostrado convencido de que la acusación «caerá por su propio peso».

«Es una denuncia del PP. Ya llevamos seis o siete años con este tema», ha dicho, y ha remarcado que todas las actuaciones bajo su mandato en el consistorio se ajustaron a la ley y se hicieron con el máximo rigor.