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Luz verde a los proyectos de Infancia que establecerán «un nuevo marco de sus derechos»

Alonso espera «consenso» en el Congreso ante una reforma «profunda, de ambición y gran calado» que es «necesaria» en España

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a dos proyectos de Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia (uno orgánico y otro ordinario) que, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «establecen un nuevo marco de los derechos de los menores y también de sus deberes».

Según ha explicado, acompañada del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso; la reforma tiene un carácter integral y afecta a aspectos tan diversos como los procedimientos de acogimiento y adopción, la lucha contra la violencia de género, la prevención de abusos sexuales o el derecho de escucha del menor en los procesos judiciales.

En la actualidad, en torno a 35.000 menores están bajo tutela o guarda de las administraciones públicas y de ellos, 13.400 están en residencias, a la espera de una familia. La reforma, en este sentido, modifica el sistema de adopción y acogimiento familiar, introduciendo «que al menos todos los menores de tres años puedan vivir con una familia sin tener que pasar por un centro de acogida», conforme ha señalado.

Para Alonso, la reforma, «profunda, de ambición y gran calado», convierte a España «en el primer país en incorporar el interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento», al establecer «un nuevo marco de derechos y deberes de los menores con especial atención a los más vulnerables».

Persigue, según ha dicho, «mejorar la atención a la infancia en riesgo y desprotección, prevenir, detectar y atender mejor los casos de malos tratos y actualizar todo el regimen de acogimiento y adopción asegurando que se actua en interés del menor», así como reforzar los derechos de los niños a participar en cuanto les afecte, como los procedimientos judiciales, para los que se prevé la obligación de oirles y escucharles.

En su opinión, la iniciativa se justifica por datos como los mencionados de acogimiento familiar o los de violencia sobre los menores, entre los que ha citado que más de la mitad de hijos de víctimas de violencia de género la padecen también y que sólo en 2013, 3.364 niños sufrieron delitos contra su libertad sexual. También por la necesidad de regular asuntos como los centros de menores, para cuyo régimen no hay normativa estatal.

«La reforma se ha basado en el consenso dentro de los departamentos del Gobierno y con el resto de órganos y nuestro objetivo es que ese consenso que hemos conseguido, lo podamos trasladar al Congreso de los Diputados y podamos abordar esta reforma profunda de la que estaba necesitada este país», ha señalado el ministro.

Alonso ha repasado algunas de las principales medidas de los proyectos de Ley y ha destacado que por primera vez establece «la situación de riesgo» del menor en que puede ser declarado en desamparo, «que no estaba descrita con rango nacional y ahora se establece para armonizar las legislaciones de las comunidades autónomas».

Éstas, en todo caso, deberán realizar un «proyecto de intervención sociofamiliar adaptado al menor» y a partir de ahí, decidir si declara el desamparo, del que nunca será causa la situación económica de la familia, conforme ha señalado. «Esta situación vendrá determinada por el abandono, riesgo para su vida, su salud, su integridad física, o porque ha sido inducido a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución», ha concretado.

Sobre las medidas en materia de acogimiento y adopción, ha incidido en que la reforma «tiene el objetivo principal de agilizar los procedimientos, mejorar las figuras que ya existen para dar mejor respuesta y buscar siempre fórmilas que primen procurar una familia al menor, que le den una estabilidad y que en la medida de lo posible, puedan ser consensuadas».

Entre ellas, ha destacado la nueva regulación de los tipos de acogimiento y la guarda voluntaria, todo, «con el objetivo principal de procurar un entorno familiar para los menores en esa situación de desamparo y que están siendo atendidos por las entidades públicas de las comunidades autónomas», y especialmente, cuando son menores de tres años.

En materia de protección, ha recordado que se modificará la Ley de Violencia de Género para incorporar a los hijos de las mujeres como sujetos de la protección de la norma, que se impone al juez la obligación de pronunciarse en todo caso sobre las medidas cautelares. Asimismo, ha destacado que los condenados por abusos sexuales o delitos relacionados contra los menores, no podrán trabajar en entornos con niños, para lo que se les solicitará «un certificado de antecedentes penales».

También se contemplan medidas para los menores extranjeros no acompañados o víctimas de trata, pues la reforma «reconoce y vuelve a expresar el derecho que tienen a la sanidad, la educación y los servicios sociales en igualdad de circunstancias que el resto de los españoles y refueza algunas medidas de acogimiento urgente cuando es evidente la situación de desamparo», conforme ha explicado Alonso.

TAMBIÉN DEBERES

«No solamente se establecen derechos sino también se fijan sus deberes de los menores en el ámbito familiar, escolar y social, y se les configura como auténticos ciudadanos que tienen derechos y deberes reconocidos y no son solamente un sujeto pasivo de aquello que les concierne, sino que tienen que ser protagonistas de las situaciones en que viven», ha señalado el ministro.

La reforma adelanta una de las iniciativas que el Gobierno había comprometido introducir en el Plan de Familia, anunciado y que aún no ha visto la luz, y consiste en que las familias numerosas conserven este título hasta que el menor de los hijos haya cumplido 21 años o 26 si sigue estudiando, tal y como había comprometido el Ministerio de Sanidad.