Quantcast

Adoptar en España será más fácil

El Gobierno presenta hoy el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia que, entre otras medidas, agilizará los procedimientos de adopción y acogimiento en España.

El último borrador, que obtuvo el visto bueno de organismo como el Consejo de Estado o el Defensor del Pueblo, incluía por ejemplo la posibilidad de que los niños vayan en régimen de acogimiento familiar sin necesidad de que lo autorice un juez.

En cuanto a la adopción, se agiliza y se completa con más garantías, y así, para menores en desamparo no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación. Eso sí, se obliga a que la Administración deba guardar los datos de las familias biológicas al menos durante 50 años y permitir a los niños el acceso libre a los mismos. Además, se impedirá a los mayores de 45 años adoptar a bebés recién nacidos.

Otras novedades son la adopción abierta, o la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica, en lo que el juez contará con el visto bueno de la familia de procedencia, de la adoptiva y del propio menor.

Casi 35.000 menores se encontraban bajo tutela o guarda de las administraciones a finales de 2012 (últimos datos oficiales al respecto). En concreto, 29.754 tutelados y 4.143 en régimen de guarda.

De ellos, más de 21.000 están en acogimiento familiar, pero alrededor de 14.000 aguardan en residencias la llegada de una familia, en muchos casos hasta los 18 años, y todo ello a pesar de la unanimidad existente acerca de la conveniencia de que estos niños y niñas crezcan en un entorno familiar. La reforma del Gobierno da pretende dar respuesta a esta particularidad, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.

APUESTA POR EL ACOGIMIENTO

El objetivo de al reforma, de acuerdo con la documentación del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, es que los menores vivan situaciones más estables. En este sentido, se dice que el primer objetivo pasa por
mantener al menor en la familia de origen, pero si esto no es posible,
se primarán las soluciones familiares sobre el ingreso en los centros.

Es intención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que los menores de tres años vivan con una familia sin que deban pasar por un centro, y en los casos que haya más hermanos, se buscarán las opciones que permitan que estén juntos.

Por otra parte, se simplifica la constitución del acogimiento,
de forma que no será preceptiva la intervención de un juez, y se creará
el Estatuto del Acogedor Familiar, en el que se recogerá el derecho de
estos a ser oídos por la entidad pública antes de emitir cualquier
resolución que afecte al menor. Las familias acogedoras recibirán
valoraciones para su idoneidad, al igual que sucede con las adoptantes.

Los tipos de acogimiento familiar serán los siguientes: de urgencia (para menores de 6 años con una duración no superior a 6 meses; temporal (duración
máxima de dos años y se resolverá cuando se prevea la reintegración
familiar del menor o la adopción de una medida más estable, como la
adopción); permanente (se constituirá pasados los dos años de
acogimiento temporal y tendrá lugar cuando no sea posible la e
integración familiar o en casos de menores con necesidades especiales,
si las circunstancias lo aconsejan).

MENORES EN RIESGO Y DESAMPARO

Por primera vez se definen en una norma de rango estatal las situaciones de los menores en riesgo y desamparo, quedando ésta última determinada por el abandono, riesgo para la vida, salud o integridad física; o la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución. La declaración de desamparo dará lugar a la tutela del menor por parte de la entidad competente. Como aspecto fundamental, se introduce que, superados dos años desde dicha declaración, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla, no los padres biológicos.

Pasados esos dos años, las entidades públicas podrán adoptar cualquier medida de protección que consideren necesaria, incluida la adopción si se prevé una situación irreversible para el menor.

En cuanto a la guardia voluntaria (la que solicitan los padres a la administración) se limita a dos años, con el fin de evitar que estas situaciones se hagan crónicas, algo que venía sucediendo. Vencido dicho plazo, el menor deberá volver con su familia o dictarse sobre él una medida de protección estable.