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Las subastas del 'caso Alcoa' acumulan una decena de recursos en el Supremo

El Alto Tribunal no ha notificado hasta la fecha ninguna denuncia de la multinacional, pese a que Unesid, en la que no participa, sí ha recurrido

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las llamadas subastas de interrumpibilidad lanzadas por el Gobierno entre las industrias con gran consumo de electricidad, que han generado una especial controversia por el anuncio de Alcoa de despidos y cierres de plantas tras su celebración, acumulan una decena de recursos ante el Tribunal Supremo procedente de empresas y patronales.

En concreto, el Alto Tribunal analiza varios recursos contra la orden del Ministerio de Industria 2013/2013 en la que se detalla el nuevo mecanismo de asignación del servicio de interrumpibilidad y contra la 346/2014, en la que se recogen los detalles de las subastas.

Entre los denunciantes destaca la asociación empresarial de referencia en el sector siderúrgico, Unesid, que agrupa a empresas de la talla de ArcelorMittal, Gonvarri, Acerinox, Celsa, Tubacex o Tubos Reunidos, y que ha sido especialmente crítica con la norma.

También han acudido a la Justicia la patronal de empresas cementeras, Oficemen, y dos empresas siderúrgicas por separado, que son Siderurgia Sevillana y Megasa. Hay además un grupo de recurrentes con intereses en renovables que denuncian la financiación del coste de interrumpibilidad por parte de tecnologías poco gestionables, entre los que se encuentran Iberdrola, EDP España, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y Acciona.

Pese a que Alcoa se ha situado en el centro de la controversia tras no haber logrado bloques de interrumpibilidad para dos de sus tres plantas en España, el Supremo no ha notificado hasta la fecha la presentación de ninguna denuncia por parte de esta compañía, que no forma parte de Unesid.

El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró este viernes que el ERE presentado por Alcoa «no tiene nada que ver» con las subastas de interrumpibilidad, en contra de lo que sostiene la multinacional. Soria aseguró además que la empresa podría haber obtenido un buen precio eléctrico si hubiese pujado por las plantas de Avilés y A Coruña en los mismos términos en que lo hizo para la de Lugo.

El servicio de interrumpibilidad consiste en un pago a los grandes consumidores de luz a cambio de detener su actividad en momentos en los que exista saturación en el sistema eléctrico. Su coste para para la tarifa, de unos 750 millones anuales, quedará reducido a unos 500 millones como parte de la reforma energética, de la que forman parte las órdenes ministeriales recurridas.

Para asignar la interrumpibilidad, la reforma energética recoge la creación de las nuevas subastas, en las que las empresas pujan por bloques de megavatios a un menor precio eléctrico a cambio de ofrecerse a recortar su consumo si así se lo pide el operador del sistema.