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IU preguntará al Gobierno en el Congreso si va a retirar la legalización de devoluciones en caliente tras las críticas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, preguntará el próximo miércoles al Gobierno en la sesión de control si ha previsto retirar la legalización de las «devoluciones en caliente» ante las «durísimas críticas» tanto internacionales como nacionales.

Se trata de disposición adicional introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que tras su aprobación en Comisión de Interior el pasado 25 de noviembre, será sometido al visto bueno del Congreso previsiblemente el jueves para su remisión al Senado, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Introduce una nueva figura jurídica en la Ley de Extranjería, el rechazo en frontera, aplicable sólo en Ceuta y Melilla para amparar la devolución sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes interceptados en el salto de la valla sin que medien los expedientes administrativos que contempla para tal fin la Ley de Extranjería.

En el debate en la Comisión de Interior, todos los grupos de la oposición trasladaron al PP su rechazo a la iniciativa, por considerar que es contraria a «todo el ordenamiento jurídico», tanto nacional como internacional, que contraviene los convenios y tratados suscritos por España y que carece del respaldo e informe de los órganos preceptivos.

En su pregunta al Gobierno Sixto se hace eco además de las quejas y preocupaciones expresadas ante la reforma por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, ACNUR, la Abogacía Española, académicos y más de 120 ONG y colectivos que han presentado escritos a altas instituciones del Estado para intentar frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo y al derecho internacional de los Derechos Humanos.

La más sonada de estas reacciones ha sido la de la Iglesia, que ha exigido la «retirada inmediata» de esta regulación en un comunicado avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER que expresaba su «enérgico rechazo» ante esta iniciativa porque, a su juicio, «pretende legitimar las expulsiones sumarias» en la frontera sur y «criminaliza la pobreza y la movilización social».

«La aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de 'frontera' sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes», señalaron.

Ante estas afirmaciones, el ministro responsable del ramo, Jorge Fernández Díaz, católico practicante reconocido, recordó que España es un «estado aconfesional» en el que existe una separación de la Iglesia y el Estado. Sobre el trato a los inmigrantes, advirtió de que no iba a aceptar que se diera la imagen de que, por parte del Gobierno, no se respetaban los Derechos Humanos.

«Creo en la separación de Iglesia-Estado, cada institución tiene su ámbito de competencia, otra cosa es que han que colaborar en aras del bien común y entiendo que la Iglesia ponga el acento en la misericordia y el aspecto humanitario pero no puedo aceptar que parezca que los demás no tenemos sensibilidad con los Derechos Humanos», declaró el titular de Interior en una entrevista televisiva.

«MILIMÉTRICAMENTE REDACTADA»

Desde el PP, se ha venido defendiendo que el objetivo es dar respuesta a la situación particular de las fronteras en Ceuta y Melilla. El portavoz del Grupo Parlamentario en los temas de Interior, Conrado Escobar, afirma que la disposición adicional que supondrá la reforma está «concienzuda y milimétricamente redactada y responde a todas las exigencias legales tanto desde la perspectiva del derecho europeo como de derechos humanos».

Además, argumentó que la norma establece dos condiciones para su aplicación, que el intento de entrada se produzca ilegalmente» y que «concurra el intento de entrada en grupo, lo que supone que existe una organización previa para intentar rebasar las fronteras».

Hace escasos días, el PP de Melilla defendió frente a las quejas que «las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla constituyen un caso especial por cuanto, además de delimitar el territorio de soberanía nacional y el espacio Schengen, conforman la única frontera exterior terrestre de Europa Occidental, siendo, además, la única ubicada en el continente africano».