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Rodrigo Rato podría ir a prisión seis años por esconder la situación de Bankia antes de salir a bolsa

Los investigadores afirman que «los estados financieros de BFA incluidos en el folleto de emisión no expresaban la imagen fiel de la entidad». Su entonces presidente, Rodrigo Rato respaldó unas cuentas que no se correspondían a la situación financiera real del grupo bancario. Esas pruebas periciales ya están en poder de Fernando Andreu, al juez que podría sentar en el banquillo a Rato. Y todo gracias a la reforma legal que protege a los accionistas frente a los administradores que exhibieran datos falseados y que entró en vigor un año antes de aquella salida a bolsa. Las penas contempladas que contempla son de entre uno y seis años de cárcel para los directivos.

El 20 de julio de 2011, Bankia emitió un total de 824.572.253 nuevas acciones de dos euros de valor nominal, con una prima de emisión de 1,75 euros. El número de títulos asignados al tramo minorista y para empleados y administradores ascendió a 494,74 millones, esto es, el 60%. El 40% restante quedó para el tramo institucional.

Este escenario fue producto de unas cuentas que no se correspondían con la realidad, atendiendo al informe aportado por los peritos judiciales, y que fueron presentadas por Rato, presidente de la entidad desde su constitución, el 3 de diciembre de 2010, hasta el 7 de mayo de 2012, fecha de su dimisión.

La salida a Bolsa de Bankia es sólo una de las vías de investigación abiertas tras la querella presentada por UPyD en julio de 2012 y que dio origen a este procedimiento judicial. El juez Fernando Andreu y los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol también estudian el posible delito societario por el falseamiento de cuentas, así como presuntos delitos de administración desleal por el uso de tarjetas B no declaradas entre consejeros y directivos de Caja Madrid y de Bankia, conocidas como tarjetas black.

TARJETAS B

Y en el caso de las tarjetas B de Caja Madrid y de Bankia, los investigadores constatan que hubo «voluntad de ocultación» de la existencia de estas tarjetas, así como de sus gastos. Es más, podría ocurrir que «el inventario no recoja todas las tarjetas emitidas». Dicho de otra manera, que existan más tarjetas B no contempladas en el informe que aportó Bankia al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. 

Y es que ese informe advierte que «los movimientos facilitados no recogen la integridad de los gastos incurridos».