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La sociedad de consumo: comprar, tirar, comprar

Comprar, tirar, comprar, tirar… Todos los aparatos electrónicos empiezan a fallar antes de lo esperado y muchas veces no entendemos el porqué. No es simple casualidad ni mala suerte. Tiene nombre: obsolescencia programada. Fue en los años XX del siglo pasado cuando se empezó a fraguar este intento por parte de los fabricantes de reducir el ciclo de vida de vida de un producto. Es evidente que la vida útil de los productos está determinada y es que, según los expertos, parece ser que esta necesidad es un mal necesario de la sociedad de consumo. La necesidad -creada- por una constante renovación de productos, sobre todo de los aparatos electrónicos y de la ropa, siguiendo los dictados de la moda.

RELOJ TECNOLÓGICO IMPARABLE

Efectivamente. El reloj tecnológico es imparable y todos los productos, antes o después, -más antes que después- acaban en la basura. La nevera pierde agua, la televisión se apaga de repente, el motor del coche falla y la pantalla táctil del teléfono móvil deja de obedecer a nuestro dedo. ¿Por qué?  Esto no es culpa nuestra ni cuestión de mala suerte o brujería. Todo lo contrario. Como el propio nombre indica, todo está programado por el fabricante para acrecentar su propio beneficio acortando la vida de un bien antes de que éste se desgaste. Y es que resulta más caro arreglar el producto dañado que adquirir uno nuevo, ya sea por falta de repuestos o porque no hay manera humana de desmontarlos.

¿DESDE CUANDO?

El concepto de obsolescencia programada aparece por primera vez en 1932 en una obra de Bernard London, quien propuso acabar con la Gran Depresión que atravesaba América lucrándose de la sociedad e incentivando el consumo. La idea de London pasó inadvertida en su momento pero, años más tarde, con el consumismo implantado definitivamente como sistema económico, la idea cobra vida.

Las necesidades del cliente pasan a un segundo plano y comienza el juego de la alianza entre obsolescencia y la publicidad para sacar tajada del negocio.

APPLE, A JUICIO

Los casos relacionados con la obsolescencia programada que han acabado en los tribunales se pueden contar con los dedos de una mano.

Uno de los más sonados fue la demanda colectiva contra Apple en el año 2003 por no ofrecer recambio de las baterías de sus reproductores de música. Tras el lanzamiento del iPod en 2001, la compañía aseguró que la duración de la batería era de hasta ocho horas. Por lo visto, muchos consumidores consideraron que esta especificación técnica no era veraz tras comprobar que sus baterías duraban menos tiempo del indicado. La empresa de la manzana tuvo que compensar a sus clientes con 50 dólares, una extensión de la garantía y el cambio del reproductor dañado.

FRANCIA ENCABEZA LA LUCHA

Bajo la premisa de «tirar menos, reparar más «-lo que conlleva, además, creación de empleo- el país galo ha sido el primero en dar el primer paso contra la obsolescencia programada.

La Asamblea francesa ha aprobado, dentro de la Ley de Transición Energética, castigar con multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel para los fabricantes que pongan fecha de caducidad a sus productos. La norma recoge todas las variantes de obsolescencia programada pero, ¿cómo será su aplicación?

Demostrar que se ha introducido un defecto de forma deliberada resulta muy complicado, y más cuando son los propios fabricantes los que reiteran -muy enfadados- que estos «fallos repentinos» en sus productos se deben a que son fabricados de una forma más eficiente y salen al mercado a unos precios más bajos. Vaya, que, según las industrias, no hay nada «turbio» detrás de este acortamiento.

La norma francesa pretende ser el ejemplo a seguir por el resto de Europa. Y parece que está funcionando. Los países están empezando a despertar y a abordar el tema.

El órgano consultivo de la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), aprobó hace un año un dictamen que, además de prohibir totalmente la obsolescencia programada, proponía las medidas para combatir esta práctica en líneas generales. Por un lado, establecía que las propias empresas faciliten la reparación de los productos. Por otro, apostaba por la realización de campañas para acabar con la obsolescencia estética -que es la constante renovación de productos sin desgastar-. Por último, proponía establecer un sistema de etiquetado de durabilidad. Este sistema colocaría al consumidor en la tesitura de elegir un producto barato de menor duración, o bien uno más caro pero más duradero.

¿QUIÉN ES EL CULPABLE?

Es evidente que esta práctica es llevada a cabo por las industrias y no producto de la imaginación de los consumidores. Pero, ¿qué papel jugamos en esta sociedad de usar y tirar?

Y es que, pese a que los expertos estiman que el periodo de vida de un teléfono móvil podría ser de unos cinco años si no sufre ningún accidente, lo cierto es que según las encuestas el 75% de los consumidores cambian de aparato antes de que este se estropee o descanse en paz. Por lo que, además de víctimas, somos un poco culpables. Nos encontramos inmersos en la sociedad del usar y tirar y somos fáciles de manipular. El lanzamiento de modelos más avanzados y la mejora de las características de cualquier tipo de aparato electrónico nos crea una necesidad inexistente que nos conduce a un deseo imparable por adquirirlo.

Además de un engaño o estafa, esta práctica conlleva un gran problema medioambiental debido a la masiva acumulación de residuos que han convertido a países como Ghana en auténticos vertederos de residuos electrónicos. Como en muchos otros casos, el medioambiente queda relegado a un segundo plano…