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Catalá quiere legislar que la apertura del juicio sea la que determine la responsabilidad política

El ministro señala que el nuevo delito de incitación al odio puede aplicarse a sucesos como el de violencia del pasado domingo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este martes que debe ser la apertura de juicio oral la que determine la exigencia de la responsabilidad política y considera «desorbitante» que la condición de imputado afecte al desempeño de funciones públicas. El Ministerio trabaja para incluir este concepto en la reforma del Código Penal y en modificar el término aforado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Así se ha manifestado el titular de Justicia durante un desayuno organizado por Europa Press en el que destacó el «ejercicio de lealtad» realizado por la exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Merce Pigem al renunciar al cargo y defendió que el Senado pueda designar como sustituto sin problema alguno al decano de los procuradores de Madrid Antonio Álvarez Buylla pese a que estuvo imputado en un procedimiento judicial que ha sido sobreseído.

A juicio de Catalá, la opinión pública asigna unas condiciones negativas a la mera imputación que van «más allá de lo éticamente exigible», pues se trata de una mera participación procesal con asistencia letrada que en ningún caso debe entenderse como que la persona sometida a la misma sea «precondenada» por ningún delito.

Por ello, ha señalado que su departamento también trabaja para introducir en el Código Penal que sea dicho concepto de apertura de juicio la que determine la responsabilidad del investigado, pues hay que tener en cuenta que los jueces admiten a trámite los asuntos simplemente cuando tienen visos de verosimilitud.

PIGEM Y SUSTITUTO

Respecto de los hechos que han llevado a la renuncia de Pigem -tras ser sorprendida en la frontera de Andorra con dinero en efectivo cercano al límite al partir del cual hay que declarar-, ha indicado que el actual CGPJ lleva un año en ejercicio «y está haciendo las cosas muy bien, con capacidad acreditada de su presidente», Carlos Lesmes.

Sobre Pigem, Catalá ha destacado su calidad personal y capacitación profesional y ha relacionado su decisión de dejar en Consejo con un «ejercicio de lealtad» con la institución y con no querer afectar a su prestigio por el impacto que lo ocurrido puede tener en términos de percepción pública.

Ha insistido en que la que fuera vocal del CGPJ a propuesta de CiU, a la que dijo conocer desde hace doce años, no ha cometido ningún delito y ha cuestionado los cauces de la información que propiciaron que lo ocurrido en Andorra se conociera varios días después.

Sobre su sustituto, el decano de los procuradores de Madrid, al que ha calificado de «profesional intachable», el ministsro ha relacionado las informaciones que le cuestionaban por haber estado imputado en un delito de falsedad con el hecho de que el término aforado haya sido «pervertido» por la opinión pública.

Cree que el Senado aplicará en su caso de forma «razonable» las reglas para su designación.

En cuanto al término imputado, se pretende cambiarlo en la reforma que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que se emprenderá en las próximas semanas y según Catalá además de análisis jurídicos también se ha dado entrada a la RAE y a los lingüistas para encontrar una mejor denominación.

CORRUPCIÓN

Durante su intervención el ministro ha alabado las reformas contra la corrupción anunciadas la pasada semana por el presidente del Gobierno, como las dirigidas a endurecer el castigo de estas conductas, y se ha mostrado confiado en que estarán en funcionamiento en un plazo breve.

Ha añadido que el horizonte de prescripción de 15 años para los delitos corruptos «da idea de la contundencia» de las medidas y ha valorado también muy positivamente que el Gobierno vaya a dar cuenta cada seis meses de los indultos que concede. Ha reafirmado, no obstante, que el Ejecutivo no ha indultado a nadie que se lucre con fondos públicos.

La corrupción se juzga y da lugar a condenas, «y no se esconde como pecado de familia bochornoso», según el ministro de Justicia, que por ello se muestra confiado en que el desafío será superado.

VIOLENCIA EN EL FUTBOL

En cuanto a los incidentes que causaron la muerte de un seguidor del Deportivo de la Coruña el pasado domingo en Madrid, ha manifestado que la reforma del Código Penal introduce un delito de incitación al odio.

«Hay que erradicar esos comportamientos sociales del deporte», a juicio de Catalá, que también ha considerado que es necesario que los clubs colaboren en reprimirlos.