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El Supremo inadmite querellas contra González por su ático en Marbella

En el auto se recuerda que ya existe una investigación abierta sobre este asunto en el Juzgado número 5 de Estepona (Málaga), que debe seguir investigando y que de encontrar algún indicio delictivo contra este aforado lo que procedería sería la remisión al Supremo de una exposición razonada.

El pasado 7 de mayo la Fiscalía se posicionó en contra de esta admisión por entender que del contenido de dichas querellas no se deduce la existencia de ningún hecho delictivo ni, por consiguiente, que pueda llevar a una imputación contra González.

El tribunal comparte esta postura y aprovecha su auto para recordar su doctrina general sobre el momento en que debe asumir el Supremo la investigación de aforados. Explica que «no basta la mera imputación personal del aforado para que el instructor suspenda inmediatamente la instrucción y remita la causa al órgano competente, sino que puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen dicha imputación».

El Supremo agrega, de acuerdo con la Audiencia de Málaga, que toma su decisión sin perjuicio que la investigación del Juzgado de Instrucción de Estepona ponga de manifiesto indicios penales contra Ignacio González, y el instructor entienda pertinente entonces elevar una exposición razonada al Supremo.

INFORMACIONES DE PRENSA

Además, el alto tribunal no aprecia en los hechos relatados en la querella ningún indicio de delito de la persona aforada. Añade que en algunos casos se basan sólo en informaciones periodísticas, sin que la querella aporte otros indicios, por lo que no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal sino de la «mera remisión» al tribunal de informaciones publicadas en la prensa.

«De hecho, y en línea con lo sostenido por el Ministerio Público es su escrito de oposición a la admisión de la misma, ni siquiera se precisa cúal pudo ser su intervención en todos y cada uno de los actos que se describen; siendo insuficiente a estos efectos la mera referencia a las responsabilidades públicas que el mismo ha ejercido y ejerce en la Comunidad Autónoma de Madrid».