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El aforamiento de Don Juan Carlos, a debate

El aforamiento de Don Juan Carlos, que hoy aprobará el Congreso de los Diputados, está generando un encendido debate. Tanto por la conveniencia o no de dotar de protección jurídica a su figura, como por la extensión de esta protección o el procedimiento escogido para hacerlo.

Pero, ¿qué supone el aforamiento? Frente a la «inviolabilidad» que la legislación española concede al Rey, y que Don Juan Carlos ha perdido tras su abdicación, el aforado goza de una protección inferior: es decir, sí puede llegar a ser juzgado.

No obstante, no por un tribunal ordinario, como el resto de los ciudadanos, sino por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los argumentos a favor destacan la necesidad de defender el ejercicio de los cargos públicos, además de a los tribunales ordinarios de las presiones que puedan recibir si encausan a una persona con responsabilidades institucionales. Es decir, se entiende que un tribunal superior es más independiente. 

ESPAÑA, RÉCORD DE AFORADOS

A juzgar por la regulación de nuestro entorno la situación española es excepcional. En nuestro país existen 10.000 aforados (2.000 de ellos políticos), incluyendo a todos los miembros del Gobierno, los presidente autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de las Comunidades Autónomas, los presidentes del Congreso y el Senado, los diputados y senadores, el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas y una largo etcétera de cargos judiciales.

La Constitución reconoce de entrada el aforo a los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, mientras que en el resto de los casos el derecho se encuentra recogido en la Ley Orgániza del Poder Judicial o en los Estatutos de Autonomía. 

En el caso del Rey Don Juan Carlos, su estatus legal ha debido legislarse adicionalmente, por cuanto actualmente no desempeña ningún cargo público oficial. Éste es precisamente el argumento de la Izquierda Plural para oponerse al aforamiento.

Por su parte, el Partido Popular, justifica en el mismo razonamiento, pero a la inversa, su iniciativa: un país donde tantos colectivos gozan de protección, debería reconocer con el mismo tratamiento a quien ha ostentado la Corona durante 40 años y a su familia.

Lo cierto es que España ostenta el récord de aforados, con una enorme diferencia respecto a países de su entorno como Alemania o Reino Unido, donde no existe esta figura, Portugal o Italia, donde solo lo es el Presidente de la República o Francia, que concede el aforo al presidente de la República  y el gobierno, el primer ministro y sus ministros.

¿POR QUÉ LAS PRISAS?

El PSOE no se opone oficialmente al aforamiento y, sin embargo, se abstendrá durante la votación. En su caso los 'peros' vienen por el procedimiento escogido para hacer efectivo el aforamiento del monarca. Y es que éste tendrá lugar por la vía de dos enmiendas presentadas por el grupo de Partido Popular a una ley ya en tramitación parlamentaria: la ley de racionalización del sector público.

A priori, la norma más adecuada parecía la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma ya se está preparando. No obstante, se encuentra aún en una fase muy inicial, pendiente del informe del Consejo General del Poder Judicial. Su aprobación podría demorarse hasta un año, un tiempo que ha sido considerado excesivo para mantener la incertidumbre sobre el estatus jurídico de Don Juan Carlos: con el procedimiento actual el Rey estará aforado en diez o quince días.

Esta urgencia no ha gustado demasiado en algunos sectores, entre los que se cuenta el propio Partido Socialista, y ha llamado la atención de la prensa extranjera: la BBC lo achacaba ayer en un reportaje a la existencia de una amenaza de demandas de paternidad. La cadena pública británica recordaba que, en 2012, Albert Solá Jiménez e Ingrid Jeanne Satiau ya reclamaron ser reconocidos como hijos del Rey. Entones sus demandas fueron rechazadas precisamente por la «inviolabilidad» de Don Juan Carlos. 

En concreto, las enmiendas defendidas por el PP y que se votarán hoy establecen el aforamiento de los Reyes que abdican, sus consortes, los consortes del Rey y los Príncipes de Asturias. Además, la segunda enmienda establece que, en el caso de que algún tribunal ordinario esté tramitando acutalmente una causa en su contra, deba suspenderla y remitirla al Supremo.