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El Parlamento catalán pide más poder de Generalitat y Estado para controlar la banca y proteger al consumidor

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La comisión de investigación del Parlamento catalán sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras y vulneración de derechos de los consumidores ha elaborado este martes el documento de conclusiones, que pide más competencias para la Generalitat, la cámara catalana y las autoridades estatales para controlar más efectivamente a las entidades financieras y proteger los derechos del consumidor.

El grueso de conclusiones, que se aprobarán en el pleno de la próxima semana, ha sido pactado entre CiU y ERC, con algunas propuestas de PSC y ICV-EUiA aceptadas, y, como en todas las comisiones de investigación del Parlament, toda la documentación de los ocho meses de comparecencias se enviará a Fiscalía para que actúe si lo cree necesario.

De julio de 2013 a febrero de 2014 han pasado por el Parlament más de 80 comparecientes para tratar la desaparición de las cajas de ahorros, la venta de preferentes y deuda subordinada, las hipotecas con condiciones abusivas y los desahucios, entre otros temas de la crisis financiera.

La comisión de investigación recomienda reforzar los mecanismos de supervisión del funcionamiento de las entidades financieras, desde la separación entre el departamento de riesgos y el comercial, hasta los incentivos para los empleados por la venta de productos de ahorro o inversión que pueden ser inadecuados para los clientes, y las características de estos productos financieros, entre otros.

También propone aceptar arbitraje por preferentes y otros productos similares por debajo de los de 6.000 euros de inversión, y que el sistema judicial incremente los recursos para tratar estos casos, “incluyendo si hace falta la apertura de nuevos juzgados especiales”.

Asimismo, plantea la inclusión de cláusulas que obliguen al compromiso social en los procesos de reestructuración de entidades con ayudas públicas, ya que el nuevo sistema financiero “debe mantener el compromiso social y territorial que se desarrollaba a través de la obra social de las cajas de ahorros”.

Entre las conclusiones también se ha incluido con el apoyo de todos los partidos –excepto PP, que ha votado en contra– la reprobación de la negativa a comparecer de la mayoría de representantes del Gobierno central citados a la comisión, ya que no tenían obligación legal de hacerlo.

Los ausentes fueron el ministro de Economía, Luis de Guindos, y sus antecesores en el cargo Elena Salgado y Pedro Solbes; el secretario y exsecretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez y José Manuel Campa; el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y sus antecesores Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Jaime Caruana.

Otros ausentes fueron el subgobernador del Banco de España y presidente del Frob, Fernando Restoy; el exdirector general de supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez, y la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez.

DERECHOS VULNERADOS

La comisión de investigación ha concluido que la crisis financiera y económica ha comportado la desaparición de la práctica totalidad de las cajas de ahorros catalanas y a afectado a centenares de miles de familias con productos de préstamo y ahorro que en algunos casos “podrían haber visto vulnerados colectivamente los derechos de los consumidores”.

La comisión ha lamentado que “buena parte” de la documentación solicitada a las entidades financieras estos meses no ha sido transmitida; han sido analizadas Caixa Catalunya, Caixa Tarragona, Caixa Manresa, CatalunyaCaixa, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Manlleu, Unnim, Caixa Penedès, Caixa Laietana, Bankia y Caixa Girona.

En la gestión de la mayoría de cajas, y especialmente en Caixa Catalunya, Caixa Penedès y Caixa Tarragona, la comisión del Parlament ha constatado una excesiva exposición inmobiliaria y expansión territorial, concesión de hipotecas con pocas garantías, ligereza y descontrol en la comercialización de preferentes y deuda subordinada, consejos de administración con escasa formación financiera, una inadecuada política retributiva de los directivos –en complementos salariales, indemnizaciones y pensiones– y dependencia de los mercados internacionales de capital.

BANCA PÚBLICA CATALANA

En el nuevo contexto financiero, CiU y ERC han incluido en las conclusiones que se debe “promover la creación de una banca pública de ámbito catalán” para ayudar al desarrollo económico y social de Cataluña, guiada por los criterios de sostenibilidad, compromiso cívico, eficiencia y prudencia en la gestión del riesgo financiero.

El objetivo es permitir la capitalización adecuada de las pymes catalanas y la internacionalización de las empresas de Cataluña “conjuntamente con entidades como el Banco Europeo de Inversiones”.