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La justicia chilena investigará el bombardeo y asalto de las fuerzas de PInochet al Palacio de La Moneda

El novedoso hecho ha tenido lugar después de que la justicia acogiera una querella por delitos de lesa humanidad contra dos oficiales retirados de la Fuerza Aérea de Chile (FACh): el ex comandante en jefe de la FACh, Fernando Rojas Vender, y el general retirado Mario López Tobar. Se responsabiliza a ambos de dirigir la escuadra de aviones que atacó la sede del Gobierno chileno.

Los militares han sido acusados además de provocar un «sufrimiento psicológico de gran magnitud», que se le infligió al presidente Salvador Allende. Según el abogado Roberto Ávila, que presentó la acción judicial, «esta figura legal se enmarca en el delito de tortura establecido por la Convención contra la Tortura».

«Nosotros esperamos que como en todo delito que se comete en un país que vive un Estado de Derecho, las personas reciban las penas que establece el Código Penal por estos delitos», dijo el abogado a Radio Universidad de Chile.

«Hace aproximadamente tres años, un muchacho de supuesto ideología anarquista arrojó una botella con bencina (gasolina) frente a La Moneda y fue condenado a dos años de prisión. Fue una botella con bencina, no 22 cohetes lanzados desde ocho aviones supersónicos», añadió el abogado.

FIN A LA IMPUNIDAD 

El caso, que puede derivar incluso en un delito de homicidio frustrado o tortura contra el presidente Salvador Allende, ha sido tildado como 'novedoso' entre la comunidad judicial. Por primera vez, una investigación civil podría significar el fin a la impunidad que gozan los ex miembros de la Fuerza Aérea por los hechos acontecidos durante la dictadura del ex general Augusto Pinochet.

«No se vino a sobrevolar La Moneda en un sobrevuelo de información, sino a destruirla, y no se enviaron los pilotos a Allende, sino para asesinarlo», ha manifestado Enrique Villalobos, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y militar de la FACh.

El piloto también explicó a Radio Universidad de Chile que el atentado fue claramente una acción planificada técnica y políticamente por Gustavo Leigh, uno de los integrantes de la Junta Militar que derrocó al ex presidente Salvador Allende.

«Si se hace la investigación, los cohetes que se usaron fueron cohetes Sura P3, que son armas antiblindaje destinadas a perforar gruesas paredes de cualquier tipo de casas, y sin provocar daño colateral en los edificios aledaños, por lo tanto, el uso de esa arma fue también planificada. Hay muchos elementos que dicen que fue un acto premeditado políticamente», añadió Enrique Villalobos.

Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética, manifestó que la apertura del proceso es «esperanzadora desde el punto de vista de hacer verdad y va a servir para desmitificar esta hazaña hecha por la Fuerzas Armadas en este país de que supuestamente nos salvaron del comunismo y el marxismo, que salvaron a Chile».

«También creo que es interesante desde el punto de vista de que permitirá sacar de la impunidad todas las formas de tortura que hubo en Chile y, que todavía no se han investigado lo suficiente, por lo cual todavía se practica la tortura en nuestro país», añadió Aguilera.

Sólo falta que la Corte Suprema decida si la investigación seguirá en manos de Miguel Vásquez o, si por el contrario, se designará a otro juez para que continúe con el caso.