Quantcast

Una empresa quiere conseguirte empleo en España y es investigada en Reino Unido por fraude en miles de contratos

Tras haber autorizado a esta empresa a establecerse aquí, la pregunta es: ¿sabía el Gobierno español que presuntamente existía un fraude originado dentro de A4E Limited en el Reino Unido por el cual varios de sus ex empleados falsificaban centenares, quizá miles de firmas de las empresas contratantes para cobrar por trabajador colocado? ¿Conocía que dentro de la empresa se pudo falsificar el número de parados a los que se había conseguido empleo? ¿Existe riesgo de que este escándalo pueda reproducirse en nuestro país? Las preguntas pueden ser muy pertinentes a estas alturas, cuando estos presuntos delitos aún hoy se investigan, y cuyas nueve últimas declaraciones policiales se produjeron hace apenas un mes. Las respuestas del Ministerio de Trabajo aún no han llegado.

Es cierto que para que cualquier empresa sea autorizada a trabajar para las administraciones como 'colocadora' debe cumplir un extenso pliego de condiciones elaborado por la administración, que van desde presencia acreditada en otros países, a ciertos niveles de facturación o no discriminar por razones de sexo y raza, por ejemplo. Pero también lo es, que la multinacional de la que nos ocupamos ha sido denunciada por varios trabajadores hace escasas semanas al ser despedidos por presunta discriminación racial.

Las irregularidades se originaron en varios programas de empleo públicos concertados con esta iniciativa privada, y en el seno de tres oficinas de la multinacional en Reino Unido. Esta compañía que emplea a más de 3.400 personas y que opera en ese país, Israel, India, Francia o Australia, facturará este ejercicio fiscal unos 175 millones de euros, según indica en su página web. Su filial en España llegó a nuestro país en agosto de 2011 y ahora, si no tienes trabajo, aspira a encontrarte uno. Como las demás empresas autorizadas a intermediar, por cada desempleado que saque de las listas del antiguo INEM tendrá derecho a hasta 3.000 euros.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, junto a las Comunidades que se adhirieron al programa de colocación -todas excepto Euskadi, Andalucía y Cataluña- y las empresas interesadas en convertirse en agencias colaboradoras firmarán en breve el acuerdo marco nacional por el que estas entidades quedarán homologadas para trabajar en los diferentes programas de empleo regionales.

Desde hace algo más de años A4E, una de las principales beneficiarias de los programas 'welfare to work' del gobierno de David Cameron, por el que se externaliza la intermediación en la búsqueda de empleo en Gran Bretaña, ha ingresado más de 500 millones de libras de dinero público tras colocar allí a más de 100.000 parados. Pronto trascendieron algunas irregularidades. Entre otras cosas, a través de denuncias ciudadanas, pero también a instancias de la propia empresa. La multimillonaria fundadora de la multinacional, Emma Harrison, que llegó a ser asesora del Ejecutivo británico, dimitió el año pasado, cuando el escándalo sobre las supuestas prácticas fraudulentas en el interior de la empresa estaban en su punto álgido.

Y ahora, si eres madrileño o aragonés estarás más cerca de 'beneficiarte' de sus servicios. En Aragón, con 44 empresas autorizadas para ser agencias de colocación, el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), confirma que A4E trabaja con ellos desde octubre. Sus portavoces aclaran que «no conocíamos que en Reino Unido se hubiera investigado presuntos fraudes dentro de esta empresa o que se hubieran falsificado ofertas de trabajo allí. Nosotros en Aragón realizamos inspecciones». ¿Cuántas? «Aún ninguna porque llevan poco más de un mes establecido y aún no nos han facturado nada. Pero si en una inspección periódica se observa alguna irregularidad inmediatamente se levantaría acta de sanción». Y desde Zaragoza echan balones fuera: «Quien autoriza a esta y todas las empresas a trabajar como agencias de colocación para las comunidades autónomas es el Ministerio de Trabajo. Por nuestra parte, estaremos especialmente vigilantes en este caso».

Desde la Comunidad de Madrid simplemente se dice que la Dirección General de Empleo no ha establecido convenios con ninguna empresa aún. Es cierto. Ninguna comunidad los ha firmado allí. En la actualidad, A4E está, en palabras de fuentes cercanas a la propia multinacional, «preseleccionada en esta región para formalizar una especie de INEM privatizado. En estos momentos se está pendientes de abrir plica con las condiciones económicas».

Ignacio Pérez Cuevas es el apoderado de A4E en España. Asegura que no se está trabajando aún con ninguna comunidad: «Estamos esperando las licitaciones en los concursos públicos». Respecto a las investigaciones por presunto fraude en Reino Unido, Pérez Cuevas asegura que se trata de una presunta actuación delictiva de ciertos extrabajadores de la compañía, «no de la propia empresa» ni del trabajo que su filial en España vaya a poder realizar aquí. «Son hechos que aún no han sido condenados y que afectan, en cualquier caso, a la empresa en Reino Unido». Estas afirmaciones no se compadecen con algunos de los testimonios que durante meses ha recogido medios británicos, que describen auténticas campañas de falsificación en algunas de la oficinas de la empresa.

Además, aclara que sería bueno recordar que la compañía británica encargó dos auditorías durante el año 2012 para detectar irregularidades o fraudes de la orquestados por la organización y el resultado en ambos casos fue negativo. Pérez Cuevas añade que el 80% de las multinacionales han sido investigadas en el pasado en alguno de los países en los que están establecidas, por lo que no habrían podido venir a nuestro país si la simple investigación fuera una premisa para vetarlas.

Siendo cierto, la reputación de A4E en Reino Unido levanta ampollas, y España es su próximo mercado de expansión.

El sistema de colaboración del sector privado con los sistemas regionales de empleo lo ideó el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó un decreto ley en agosto de 2010 para dar a estas entidades, con y sin ánimo de lucro, carta de naturaleza. Pero su puesta en marcha se ha retrasado mucho, provocando el malestar en la patronal de estas empresas de intermediación laboral, a pesar de que apenas un 2% de las colocaciones que se consiguen pasan por las oficinas públicas de empleo.