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Ley de Seguridad Ciudadana: Amnistía Internacional alerta sobre el poder que se dará la policía

A Amnistía Internacional (AI) le preocupa «que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana amplíe aún más los poderes discrecionales de la policía». Así lo hace saber en un comunicado enviado hace pocos minutos, en el que alude a las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que en su momento señaló la citada ley pretende «proteger a la policía». En opinión de AI, tal intención no puede ser en ningún momento «una justificación para restringir el derecho de reunión pacífica o de libertad de expresión».

«En respuesta parlamentaria, el Gobierno reconocía que durante 2012 se celebraron 14.721 concentraciones o manifestaciones. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intervinieron al producirse actos violentes en 103 ocasiones. Sólo en el 0,70% de los casos. ¿Justifican estos datos la restricción del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión para proteger a la policía?», señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Hay elementos en la futura Ley de Seguridad Ciudadana, si se aprueba tal y como se ha dado a conocer en el anteproyecto, que vienen a «agravar esta situación en un momento en que existe un clima de impunidad ante los excesos de las fuerzas de seguridad». 

En opinión de AI, la indefensión de las personas ante la Ley «también se materializa en el incremento de las cuantías de las sanciones administrativas, así como en la 'presunción de veracidad' que se otorga a la policía y que pueda impedir a las personas hacer valer sus derechos ante los tribunales con las suficientes garantías».

Amnistía Internacional recuerda que la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de las OSCE ha resaltado la labor fundamental de los periodistas y de las personas que recogen, analizan y distribuyen información en el contexto de las manifestaciones, una labor imprescindible para garantizar la rendición de cuentas tanto de participantes en las protestas como de las fuerzas de seguridad.

«En vez de recortar el derecho de reunión pacífica, el Gobierno debería garantizar que cualquier abuso o uso excesivo de la fuerza contra manifestantes sea debidamente investigado y se inicien actuaciones penales para dejar claro que este tipo de actos por parte de fuerzas de seguridad no se van a permitir», manifiesta Esteban Beltrán.

El recorte de derechos como respuesta

En el comunicado hecho público hoy, Amnistía Internacional «lamenta profundamente que la respuesta política a las protestas sociales en el marco de la crisis económica sea intentar recortar el derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión».

La organización considera que la protesta social, «sea en la forma que sea (manifestación, concentración, escrache o acampada) y siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es un derecho esencial en los sistemas democráticos». En este sentido, AI recuerda que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos reconocen el derecho de toda persona a participar en reuniones pacíficas y a la libertad de expresión.

«Desde el momento que España es Estado parte de dichos pactos y convenios, sólo le queda garantizar el derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión. Y no es admisible que se impulsen reformas legislativas que pongan en riesgo estos derechos», añade Beltrán.

Amnistía Internacional le pide al Gobierno que:

Establezca mecanismos de control e investigación ante cualquier violación de derechos humanos cometida por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas.

No impulse medidas restrictivas contra el derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión contrarias a los estándares internacionales.

No permita que medidas administrativas o sancionadoras, como las que se están intentando implantar, repercutan en la esencia de estos derechos.

Inicie un diálogo con la sociedad civil antes de tomar medidas que pueden restringir derechos fundamentales como el derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión.