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Ley de Seguridad Ciudadana: las claves del anteproyecto

Sin haber salido a información pública, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (que ya ha sufrido modificaciones) se presenta a priori como un intento del Ministerio del Interior por acallar la protesta social: los escraches, las manifestaciones no autorizadas y los insultos a efectivos de la policía pasarán a ser infracciones administrativas que se penarán directamente con una multa económica.

En este sentido, el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana se apoya, y mucho, en la reforma del Código Penal abanderada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón: alegando la intención de reducir el número de asuntos menores que sobrecargan los juzgados, se ha decidido suprimir las faltas. Es decir: irregularidades de poca importancia que hasta ahora han estado tutelados por un juez, serán directamente sancionadas por la autoridad competente en cada caso. 

Hasta aquí todo bien si, por un lado, las multas económicas que se pretenden no fuesen desmedidas (el borrador establece tramos de 30.001 a 600.000 euros en el caso de las sanciones muy graves; de 1.001 a 30.000 euros, en el de las graves, y de 100 a 1.000 para las leves) y, por otro, no fuesen objeto de sanción algunos derechos recogidos como fundamentales en el capítulo I de la Constitución Española. Y luego está la tercera en discordia: la reforma del Código Penal de Gallardón, que contempla el pago de tasas por el uso de servicios judiciales. Es decir: la carrera por recurrir una sanción puede llegar a salir más cara (en tiempo y dinero) que hacer frente a la propia multa.

Las voces en contra

Atendiendo a las primeras informaciones sobre el borrador, que ayer anunció modificaciones en cuanto a la consideración de ciertas infracciones («las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas» -reza el texto- o la perturbación de actos públicos, deportivos o religiosos han pasado de muy graves a graves), los juristas consultados por Que.es hablan de un intento de silenciar el descontento social

«Sin duda, uno de los objetivos principales de la reforma parece ser la represión de la protesta ciudadana, puesto que hace una interpretación amplia del concepto de seguridad pública y considera que ésta puede ser puesta en peligro por las manifestaciones pacificas de descontento social, lo cual es una concepción absolutamente autoritaria y caduca del modelo de convivencia social y demuestra una miope visión del espacio público (calles, plazas, etc) como espacio de democracia», comentan desde el despacho de abogados Red Jurídica. «Ésta es una reforma que trata de inspirar miedo en el ciudadano descontento, que es percibido por el Gobierno como un enemigo al que hay que neutralizar y, sin duda, en tiempos de crisis económica como los actuales la multa es la vía más eficaz», añaden.

En la oposición, los partidos consultados por Que.es se manifiestan en la misma dirección. «El PSOE, junto con la mayoría de la sociedad, va a estar enfrente de esta ley de 'represión' ciudadana con la que el Gobierno quiere cambiar esa mayoría silenciosa a la que siempre apela de forma cobarde y vergonzosa por una mayoría silenciada. Es una 'ley mordaza' para conseguir la ansiada mayoría silenciosa a la que apela Rajoy», sostienen desde el principal partido de la oposición.

El diputado de Izquierda Unida (IU) Ricardo Sixto, portavoz de la formación en la Comisión de Interior, critica la falta de transparencia del partido en el Gobierno en todo este asunto. «El hecho de que no se haya dado a conocer el borrador indica la pretensión del Gobierno: las filtraciones (a ciertos medios de comunicación) hacen un poco la función de globo sonda a ver qué reacciones hay en la calle». En cuanto al texto (publicado íntegramente por eldiario.es), afirma: «La intención del Gobierno es dificultar la protesta ciudadana». Y apunta: «No tanto la abanderada por formaciones políticas o sindicatos como aquella que se convoca de forma anónima». 

Por otro lado, la desaparición de las faltas a favor de las infracciones administrativas implica, en opinión de Sixto, que esos asuntos menores «se sustraigan a la garantía de los jueces». En otras palabras: se penarán directamente.

En redes sociales las críticas tampoco se han hecho esperar y en Avaaz.org ya han creado una petición para frenar lo que ya se conoce como 'Ley Mordaza' y que cuenta con el apoyo (ayer a las 19:00 horas) de más de 161.000 firmantes. Además, la Coordinadora 25S, organizadora de las protestas del pasado año en el Congreso, ha convocado una nueva manifestación el 14 de diciembre para rechazar la polémica y futura ley.

Los plazos

Consultados también los grupos de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Partido Popular (PP) en el Congreso, ambos prefieren guardar silencio. Tanto uno como otro sostienen que se pronunciarán cuando el texto con todas sus modificaciones llegue a la Cámara Baja.

De igual forma se pronuncian Amnistía Internacional y la ONG internacional World Vision. «El texto aún puede cambiar mucho y preferimos no dar una opinión pública hasta que conozcamos su versión definitiva», señalan.

Las previsiones son que Jorge Fernández, titular de Interior, lleve hoy al Consejo de Ministros el texto para su posterior aprobación y remisión al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos órganos habrán de estudiarlo y emitir sus dictámenes, que no tienen carácter vinculante (no obligan a cambiar la norma). 

Con o sin modificaciones por las recomendaciones de los órganos citados (el tiempo lo dirá), el texto pasará otra vez por Consejo de Ministros y de ahí irá a Cortes (parón de Navidad mediante) para su discusión en el Congreso previsiblemente en febrero de 2014. Así las cosas, si no surgen imprevistos, la norma podría entrar en vigor en la segunda mitad del año que viene.

Miedo a perder la calle

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirman que el Partido Popular, actualmente en el Gobierno, «tiene miedo a perder la calle». Se refieren a la 'mayoría silenciosa' a la que tantas veces la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hace referencia: ésa que vota al PP y no se manifiesta.

La cuestión es hasta qué punto el PP conseguirá mantener la calle de su lado si sigue adelante con este tipo de normativas. «Evidentemente, el gobierno está plenamente facultado para promover la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana en los términos que considere oportunos y tras los trámites parlamentarios legalmente establecidos», comentan desde Red Jurídica. «Otra cosa distinta es que tras su aprobación y aplicación, algún apartado de dicha norma sea declarado inconstitucional, como muy probablemente ocurrirá cuando se constate que la aplicación práctica de dicha normativa es vulneradora de derechos fundamentales«, añaden.

Para el PSOE, «es una ley de orden público. Un cambio de modelo. Primero, recortaron derechos. Ahora, recortan libertades».

La sociedad, tras la reforma

Mientras el texto sigue su camino en dirección a convertirse en Ley, cabe preguntarse cómo será la sociedad si finalmente entre en vigor. Los abogados de Red Jurídica parecen tenerlo claro: «Si la reforma finalmente es aprobada, en lo que afecta a lo relacionado con el orden público, en los términos en los que se ha filtrado el borrador, tendremos una sociedad civil más temerosa, una policía más impune y una democracia cada vez más orgánica y menos auténtica«, sostienen, para acto seguido añadir: «Nos alejaremos más de Europa en cuanto al ejercicio de libertades y reconocimiento de derechos y nos acercaremos más a Rusia por ejemplo».

Otra duda que cabe plantearse, y sobre todo teniendo en cuenta que el texto, según el primer borrador, da más poder a las fuerzas del orden y que pena «las alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro» es: ¿qué ocurrirá cuando el encapuchado en cuestión sea 'un compañero'?